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Tribunal Constitucional
El Constitucional ordena a la Fiscalía actuar contra Carme Forcadell
El TC le ha pedido que exija "la responsabilidad penal" que corresponda a la presidenta del Parlament por no acatar las resoluciones del tribunal.
AGENCIAS | REDACCIÓN
Euskaraz irakurri: Konstituzionalak Forcadellen kontra egiteko eskatu dio Fiskaltzari
El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido este jueves por mayoría ordenar a la Fiscalía que abra un procedimiento penal contra la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, por no acatar sus resoluciones conforme a lo que señala el recientemente reformado artículo 92 de la Ley Órgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).
En su auto, el TC no se considera llamado a resolver si la conducta de Forcadell es constitutiva o no de infracción penal, pero sí puede poner los hechos en conocimiento del Ministerio Público a fin de que éste, "si lo estima pertinente, promueva el ejercicio de las acciones penales que considere procedentes"
La decisión del tribunal dada a conocer este jueves es consecuencia de la adoptada el pasado 1 de agosto por los once magistrados que conforman este órgano. En dicha ocasión acordaron suspender la resolución por la que el Parlament dio inicio al proceso de secesión y dieron el primer paso para adoptar, como finalmente ha ocurrido, las medidas solicitadas por el Gobierno como la imposición de multas o la apertura de un procedimiento penal contra los responsables de la iniciativa parlamentaria catalana.
Sobre Forcadell, el TC considera que la sucesión temporal de los acontecimientos ha puesto en evidencia la "pretensión" de la Cámara autonómica de "incumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional".
A pesar de las advertencias contenidas en anteriores resoluciones, la presidenta de la Cámara accedió a someter al Pleno la votación de la propuesta hecha por dos grupos parlamentarios de modificar el orden del día e incluir un nuevo punto para la votación de la ratificación del informe y conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente.
Dicha actuación constituye según los magistrados "un incumplimiento objetivo de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir los mandatos" del Tribunal, "deber del que se le advirtió de manera expresa, en su calidad de Presidenta del Parlamento y bajo su responsabilidad".
Además de declarar la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución de ruptura del Parlamento de Cataluña, el Pleno acuerda notificar personalmente su decisión a la Presidenta de la Cámara autonómica, a los demás miembros de la Mesa del Parlamento y al secretario general, así como al presidente y demás miembros del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, a quienes advierte, bajo apercibimiento de las responsabilidades en que pudieran eventualmente incurrir, de su deber de abstenerse de cumplir tal acuerdo.