Los imputados por el atentado de la T-4 se niegan a declarar

Los presuntos miembros de ETA Mattin Sarasola, Igor Portu y Mikel San Sebastián, para quienes el fiscal pide 900 años de cárcel acusados de perpetrar el atentado de la T-4 de Barajas el 30 de diciembre 2006, en el que murieron dos ciudadanos ecuatorianos, se han negado hoy a declarar en la primera sesión del juicio.

Los tres acusados, a los que el fiscal imputa dos delitos de asesinato terrorista, cuarenta y uno de tentativa de asesinato y uno de estragos terroristas, se han acogido a su derecho a no contestar a ninguna de las preguntas de las partes en el juicio que ha comenzado hoy en la Audiencia Nacional.

Sarasola ha calificado de "fascista" al tribunal por lo que ha dicho no reconocerlo, mientras que Portu y San Sebastián han denunciado las supuestas torturas que sufrieron tras ser detenidos.

La vista oral ha comenzado con una hora de retraso, sobre las 10:30 horas, debido a que la conducción de los presos desde la cárcel a la Audiencia Nacional se ha demorado unos 45 minutos.

Antes de comenzar los interrogatorios de los tres procesados, el presidente del tribunal, el magistrado Alfonso Guevara, ha dado traslado a las partes de una nueva prueba pericial caligráfica realizada por la Guardia Civil para comprobar si la anotación manuscrita de un número de teléfono de los Bomberos de Madrid hallado en el domicilio de Mikel San Sebastián estaba escrita por el presunto miembro de ETA.

Tanto el fiscal Daniel Campos como las ocho acusaciones particulares personadas y la popular -ejercida por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT)-, además de la Abogacía del Estado, no se han opuesto a que este nuevo informe pericial se incluya en la causa y se cite para testificar en la vista al agente que la hizo.

Fuentes fiscales han explicado que esta prueba es muy importante porque podría resultar el principal indicio de la participación de San Sebastián en el atentado de la T-4, con el que ETA rompió su última tregua.

Escrito del fiscal

Según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, a las 07:53 del 30 de diciembre de 2006, Portu avisó con un móvil a la DYA de la colocación de la furgoneta, tres minutos más tarde llamó a los bomberos de Madrid, y a las 08:35 a la central SOS/DEIAK de Donostia-San Sebastián desde una cabina telefónica.

A las 08:45 horas se localizó la furgoneta en el aparcamiento del aeropuerto, se desalojó y un minuto antes de las 09:00, se produjo la explosión, en la que murieron Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio, otras 41 personas resultaron heridas y 313 vehículos sufrieron daños.

Además de la pena de cárcel, el fiscal reclamará en el juicio, que está señalado hasta el jueves, que cada uno de los acusados indemnicen a los familiares de Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio con 500.000 euros.

Declaración del dueño de la furgoneta

El propietario de la furgoneta bomba que fue utilizada en el atentado ha declarado qye durante los tres días que estuvo secuestrado, sus captores se comunicaban por "silbidos" para no ser identificados.

El joven ha afirmado que, tras abordarlo cuando se encontraba en el aparcamiento de una estación de esquí, los presuntos terroristas lo esposaron y lo trasladaron a un turismo, en el que permaneció las tres noches que estuvo cautivo. Durante este tiempo, sólo uno de ellos habló con él, en castellano, para identificarse como miembro de ETA y entre ellos sólo "se silbaban", ha dicho.

Además, el propietario de la Renault Traffic ha explicado que le pidieron que mandara un mensaje de móvil a algún familiar para que no se preocuparan y le aseguraron que la noche del 31 de diciembre estaría libre. No obstante, el secuestro acabó antes, poco después de que estallara la furgoneta-bomba en Madrid, el 30 de diciembre. Esa mañana sus secuestradores "se pusieron nerviosos" tras escuchar una noticia en la radio y le anunciaron que todo había "acabado", ha declarado.

El joven fue abandonado en otra localidad del sur de Francia y desde ahí cruzó la frontera a España.

Declaración de la policía

Durante la vista, también han declarado tres funcionarios de Policía que intervinieron en las diligencias tras el atentado.

El primero de ellos ha subrayado las dificultades iniciales para localizar la furgoneta tras las llamadas telefónicas, ya que en los datos aportados "bailaba un número" de la matrícula.

El segundo de los agentes ha confirmado que hubo un error en los dígitos aunque no ha precisado si procedía del informante de ETA o si partió de la persona que tomó los datos de la llamada.