La suspensión de Garzón dejaría en el aire numerosas causas

La probable suspensión cautelar del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón tras su procesamiento por investigar los crímenes del franquismo podría afectar al desarrollo de las numerosas causas que el juez tramita en el Juzgado Central de Instrucción número 5, entre las que se encuentran las abiertas contra EHAK y ANV, Bateragune o el entramado de extorsión de ETA.

Además, el juez investiga el denominado caso "Faisán" o del "chivatazo" a los responsables de la citada extorsión, la presunta financiación de ETA a través de las ''herriko tabernas'', a la mafia rusa radicada en España, una red de corrupción en Cataluña -"Caso Pretoria" - y otros asuntos como el genocidio en el Sahara y las torturas en Guantánamo.

Si Garzón es suspendido, y hasta que el Consejo General del Poder Judicial nombre otro magistrado para su juzgado, lo más probable es que los casos pasen a ser llevados por su compañero Santiago Pedraz, que es su sustituto natural en periodos vacacionales

En cuanto a causas económicas, Garzón lleva instruyendo desde mayo de 2006 la estafa de Fórum Filatélico en la que mantiene a más de una veintena de imputados por presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, insolvencia punible, administración desleal y falsedad documental.

Asimismo, dentro del ''caso Fórum'' el juez mantiene abierta una pieza separada en la que investiga la posible conexión de los ex directivos de la filatélica con la operación marbellí ''Ballena Blanca'', germen del ''caso Malaya'', donde se investiga un presunto blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico en la Costa del Sol.

Además, Garzón tramita una querella contra el fundador y ex presidente Astroc, Enrique Bañuelos, por presunto delito de maquinación para alterar el precio de las cosas por maquillar las cuentas anuales del ejercicio 2006, así como la auditoría de la correspondiente a dicho ejercicio, con la intención de mantener el valor bursátil de la inmobiliaria.

ETA e izquierda abertzale

El pasado 10 de febrero, Garzón comunicó al ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi y a otros ocho dirigentes de la izquierda abertzale su procesamiento en la causa en la que investiga el proyecto ''Bateragune'', con el que la izquierda abertzale ilegalizada pretendía crear "un referente político" que pudiera concurrir a las elecciones municipales y forales de 2011.

Los ocho dirigentes están acusados de un presunto delito de integración en organización terrorista después de que fueran detenidos el pasado 13 de octubre. Cinco de ellos --Otegi, Díez Usabiaga, Rodríguez, Zabaleta y Jacinto-- se encuentran en prisión desde entonces.

Otegi también es investigado por Garzón en la denominada causa de las "herrikos". Precisamente ayer, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó 12 años de cárcel para Arnaldo Otegi, Rufi Etxebarria y Joseba Permach por pertenencia a organización terrorista en grado de dirigentes, dentro de la causa que investiga la presunta subordinación de la formación ilegalizada a ETA y su financiación a través de las denominadas ''herriko tabernas''.

Además, Garzón mantiene abierta otra instrucción contra responsables de las formaciones políticas EHAK y ANV. El pasado mes de marzo, Garzón procesó a 44 miembros de Batasuna y de las citadas formaciones por integración en organización terrorista, al considerar que cumplieron la estrategia de ETA de "estar en las instituciones a través de los diferentes procesos electorales".

Entre los procesados en esta causa se encuentran dirigentes de Batasuna como Pernando Barrena, Joseba Permach, Juan José Petrikorena y Rufi Etxeberria; de EHAK como Peio Gálvez; y de ANV como la alcaldesa de Arrasate/Mondragón (Gipuzkoa), Ino Galparsoro, y el presidente de esta formación Kepa Bereziartua.

Pero uno de los asuntos más polémicos que tramita actualmente Garzón es la investigación de los supuestos autores de un "chivatazo" policial realizado en 2006 a personas que estaban siendo investigadas por conformar el aparato de extorsión de ETA.

El pasado mes de febrero el juez interrogó a policías que investigaron el "chivatazo" obligado por la Sala de lo Penal de la Audiencia, que le ordenó agotar investigación al estimar que si la filtración partió de las Fuerzas de Seguridad los hechos tienen "una gravedad sin precedentes en la historia de la lucha contra el terrorismo en España". La Fiscalía ha instado el archivo de esta causa.

Por otro lado, Garzón sigue indagando la extorsión a empresarios vascos. A mediados del pasado mes de febrero, Garzón archivó el procedimiento que se seguía contra 14 empresarios que fueron imputados por ceder a la extorsión, al considerar que no colaboraron con ETA y que el delito de omisión de la denuncia que se les podría atribuir ha prescrito.

Anteriores casos: GAL, Pinochet, Bin Laden...

Tras tomar posesión de su cargo como magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en 1988, comenzó a instruir sumarios por las actividades de los GAL y una veintena de causas contra ETA y la izquierda abertzale. Por ejemplo, en julio de 1998 ordenó el cierre del diario Egin y de Egin Irratia.

También ha investigado el narcotráfico, dirigiendo las conocidas Operación Nécora y Operación Pitón.

Tras su paso por la política, en mayo de 1994 retornó a la Audiencia Nacional y reabrió el caso GAL, instruyendo, entre otros, el caso Amedo y el caso por el secuestro de Segundo Marey.

Pero la fama internacional le llegó por promover una orden de arresto, en 1998, contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, aunque su extradición a España fue rechazada en el año 2000.

Garzón también intentó que se incoharan en España cargos de genocidio de la dictadura argentina.

Y en 2003, en relación con la guerra de Irak, ordenó capturar al líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden.