Política -
Caso San Antonio
El Tribunal de Cuentas juzgará el 11 de abril a Alonso y Maroto
Investiga un contrato de la etapa en el Ayuntamiento de Alfonso Alonso y Javier Maroto por el que se comprometían a pagar un alquiler de 7,6 millones de euros por un edificio que costó 2,7 millones.
agencias | redacción
Euskaraz irakurri: Kontu Auzitegiak Alonso eta Maroto epaituko ditu apirilaren 11n
El Tribunal de Cuentas del Estado juzgará el 11 de abril al ministro de Sanidad español en funciones, Alfonso Alonso, y al vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, por el presunto "perjuicio" causado a las arcas públicas al firmar, durante su etapa al frente del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, un contrato público con un empresario a un precio considerado muy superior al de mercado.
La fecha de este juicio contable ha sido fijada en una audiencia previa celebrada este lunes en el Tribunal de Cuentas, según han informado fuentes cercanas al caso.
En esta vista, la Fiscalía ha anunciado que "no formulará demanda" en el procedimiento al no ver responsabilidad contable. No obstante, dado que el resto de partes demandantes (el Ayuntamiento de Vitoria, el PNV y el PSE-EE) se han ratificado en sus argumentos, el proceso sigue adelante.
El órgano fiscalizador investiga el presunto "perjuicio" a las arcas públicas causado por Alonso y Maroto, así como por otros concejales del PP, por la firma de un contrato de alquiler a un precio considerado muy superior al de mercado.
La audiencia previa que se ha celebrado hoy en la sede del Tribunal de Cuentas en Madrid había sido fijada inicialmente para el pasado 20 de enero. No obstante, la sesión fue aplazada debido a que la nueva sede del Tribunal de Cuentas aún está en obras y a que la sala destinada a albergar esta audiencia todavía no estaba "acondicionada".
El órgano fiscalizador investiga un contrato para el alquiler de un local en la calle San Antonio de Vitoria-Gasteiz, firmado en 2007 por el Gobierno municipal, en el que Alonso era alcalde y Maroto, concejal de Hacienda.
El contrato, firmado con el empresario Gonzalo Antón, obligaba al Ayuntamiento de la capital alavesa a pagar 7,6 millones de euros por el alquiler, durante un periodo de veinte años, de un local que Antón había comprado un año antes por 2,7 millones de euros.
