La querella de Bidegi fue manipulada, según la Diputación de Gipuzkoa

Un informe técnico de la Diputación de Gipuzkoa, encargado por el Gobierno foral de PNV y PSE-EE, concluye que la querella presentada por el anterior Ejecutivo de Bildu por presuntas irregularidades en la ejecución del tramo Eskoriatza-Arlaban de la AP-1 omite "de manera intencionada" partidas de mediciones de hormigón proyectado y "manipula" el valor real.

La diputada foral de Infraestructuras Viarias de Gipuzkoa, Aintzane Oiarbide, acompañada de la directora foral de Carreteras, Silvia Pérez, del director de Planificación y Explotaciones, Mikel Uribetxeberria, y del director de Bidegi, Alfredo Etxeberria, ha dado cuenta de este informe de revisión de la documentación técnica de la querella por presunta malversación de casi 17,1 millones, elaborado por un ingeniero de caminos de la Diputación de Gipuzkoa, otro contratado por Bidegi y el jefe del servicio foral de Proyectos y Construcción de carreteras.

El documento ya ha sido trasladado al Juzgado de Azpeitia y el juez podría encargar, si lo considera pertinente, un tercer informe pericial del caso, en el que hay cinco personas imputadas.

Oiarbide ha explicado que en el informe de los querellantes, realizado por la ingeniería Ingeotyc, contiene "errores" en los cálculos que no se consideran fortuitos y mediciones que no se pueden considerar como definitivas".

Al respecto ha indicado que los técnicos forales han revisado la documentación técnica en la que se basa la querella criminal y "no han encontrado más que errores", a lo que ha añadido que, aunque el importe de la acusación de la querella es de 17.030.712,50 euros "solo intentan justificar 8.331.214,05 euros".

Tras recordar que las principales acusaciones de la querella son dos, que los trabajos con Álava se liquidan dos veces, la primera en 2009 y la segunda en 2011, y entre esas liquidaciones se acusa una diferencia de 10 millones pero "no presentan ninguna prueba, ni ninguna documentación que justifique esa acusación".

La diputada foral ha señalado que en caso de que la querella no prospere, la Diputación, ahora personada en la causa como acusación particular en defensa de los intereses de la institución foral, estudiará la posibilidad de adoptar medidas contra la empresa que realizó el dictamen sobre el que se sustenta la querella, así como contra el querellante, el anterior Ejecutivo foral de Bildu.