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El Reino Unido rechaza extraditar a Antton Troitiño
El juez ha aceptado el recurso de la defensa al considerar que la Audiencia Nacional no ha cumplido con los nuevos requisitos de la Ley de Extradición británica.
AGENCIAS | REDACCIÓN
El Tribunal Superior de Londres ha rechazado hoy la extradición a España del miembro de ETA Antton Troitiño.
El juez Roger Thomas ha aceptado el recurso de la defensa contra la entrega al considerar que la Audiencia Nacional española no ha cumplido con los nuevos requisitos introducidos el año pasado en la Ley de Extradición británica.
Thomas ha aclarado que ha desestimado el resto de los argumentos contra la entrega presentados por el abogado defensor, Mark Summers, en particular "las críticas a la imparcialidad del sistema judicial español".
Tras fracasar el primero en 2013, al derogar el Tribunal de Estrasburgo la doctrina Parot -que se le quería aplicar de forma retroactiva-, la Audiencia Nacional pidió la detención y entrega de Troitiño en otras dos ocasiones y le acusó entonces de posesión de documentos falsos y pertenencia a ETA, aunque el primer cargo ahora se ha retirado.
Troitiño, de 58 años, salió en libertad el 13 de abril de 2011 tras cumplir una pena de 24 años por atentados cometidos en los años 80, tras lo cual se fue al Reino Unido con documentación falsa al no tener pasaporte vigente.
Fue autor, entre otros, de un atentado en 1986 contra un autobús de la Guardia Civil en la plaza de República Dominicana de Madrid, en el que fueron asesinados doce agentes y hubo más de medio centenar de heridos.
Interior estudiará la decisión de la Justicia británica
Por su parte, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha asegurado que estudiarán el rechazo de la Justicia británica a la extradición. En el municipio malagueño de Villanueva del Trabuco, donde ha inaugurado la nueva casa cuartel de la Guardia Civil, al ser cuestionado al respecto, ha mostrado su respeto por la decisión de los tribunales británicos "aunque no nos guste, que no nos gusta nada".
Ahora, el Gobierno, según el secretario de Estado, estudiará la resolución judicial "a fondo" y verá "qué posibilidades jurídicas permite y qué capacidad de reacción tenemos".