Piden una segunda auditoría en Kutxabank y más testigos

Los sindicatos LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE e HIRU y las organizaciones EKA y Plataforma de Pensionistas de Euskal Herria, que conforman la acusación popular en el caso sobre presuntas irregularidades en Kutxabank, han solicitado la realización de una nueva auditoría y la comparecencia de nuevos testigos, entre ellos el responsable de Auditoría Interna, Javier García de Lurueña.

Integrantes de estas organizaciones han ofrecido una rueda de prensa en Bilbao, acompañados de su abogada Jone Goirizelaia, tras las declaraciones ante el juzgado el pasado día 16 del expresidente de Kutxabank, Mario Fernández, el exdelegado del Gobierno español en la CAV Mikel Cabieces y el abogado Rafael Alcorta como imputados por los pagos supuestamente irregulares, por importe de 243.592 euros, del banco vasco a Cabieces.

Para el próximo 22 de mayo, están previstas las declaraciones del director de Negocio, Ignacio Sánchez Asiaín, y uno de los responsables del área de Recursos Humanos, Diego Rekondo.

A juicio de los sindicatos y organizaciones que conforman la acusación popular, "el caso Cabieces es una demostración clásica del funcionamiento de las puertas giratorias en beneficio de algunos políticos". "Y, en este caso, mientras no se demuestre lo contrario, sin prestación laboral alguna", ha señalado su portavoz, Urtzi Ostolaza, que, además, ha denunciado que "el trato de favor y el presunto fraude a Kutxabank es una decisión política de quienes han decidido privatizar las cajas vascas y Kutxabank".

En este sentido, los colectivos de la acusación popular afirman que no tienen "ninguna duda" de que PNV, PP y PSE, "impulsores del proceso de privatización" de Kutxabank, "están detrás de esta decisión y que el trato de favor a Cabieces era parte de las ventajas partidistas que estos partidos obtienen con esa estrategia de vender el banco al capital privado".