El juez desestima los recursos y sigue adelante con el caso De Miguel

El juez del Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria-Gasteiz, Roberto Ramos, ha desestimado los recursos presentados por 15 de los 26 encausados por la presunta trama de corrupción conocida como 'caso De Miguel', de forma que ratifica su decisión de seguir el procedimiento en torno a esta supuesta red integrada por varios exdirigentes del PNV. De esta forma, a través de un auto dado a conocer este viernes, el juez ratifica un auto anterior, fechado el 9 de marzo, por el que acordó continuar la tramitación de las diligencias previas en torno a este asunto. Los 15 encausados que presentaron recurso tienen ahora un plazo de cinco días para presentar un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Araba. En el escrito dictado en marzo, el juez Ramos abría la vía para la apertura de juicio oral contra 26 personas por la presunta trama de corrupción creada en torno al exnúmero dos del PNV de Araba Alfredo de Miguel y a otros antiguos dirigentes y cargos institucionales del partido jeltzale, cuyo objetivo estaría dirigido a la obtención de contratos públicos de forma "irregular" y al cobro de comisiones ilegales. Ahora, el juez rechaza los recursos de reforma interpuestos por 15 de los 26 imputados, al considerar que el auto del 9 de marzo "es correcto y ajustado a derecho". Ramos añade que aquel escrito "se adecua de forma escrupulosa" a la legislación y a la jurisprudencia interpretativa de la misma.

Además de Alfredo De Miguel, también están encausados  Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, exmiembros del PNV en Álava; así como dos responsables del Gobierno de Juan José Ibarretxe (Gurutz Larrañaga y Xabier Sánchez Robles), otros dos exdirigentes de la red de parques tecnológicos vascos (Julián Sánchez Alegría y Alfonso Arriola) y un exconcejal del PNV de Leioa (Iñaki San Juan).

¿De qué se les acusa?

El juez instructor aprecia indicios sobre la presunta comisión de delitos de prevaricación, de omisión del deber de perseguir delitos, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, fraude a las administraciones públicas o en la contratación pública, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, falsedad en documento público y/o mercantil, contra la Hacienda Pública y alteración de precios en concursos y subastas públicas.

En el auto se indica que "ha quedado indiciariamente acreditado a los efectos de esta resolución y en grado de probabilidad la existencia de una trama organizada en torno a Alfredo De Miguel Aguirre, quien contando con la ayuda o colaboración de otros imputados, alguno de los cuales tenía u ostentaba responsabilidades políticas y/o administrativas, lideró un entramado societario" con diversos objetivos supuestamente delictivos.

Entre dichos objetivos, se encontraría el de "obtener irregularmente contratos o adjudicaciones públicas de diferentes Administraciones o entes públicos gobernados por el Partido Nacionalista Vasco (PNV)".

Asimismo, la supuesta trama trataría de "solicitar y/u obtener, en algún caso, el pago de comisiones de las personas jurídicas o mercantiles que obtuvieron adjudicaciones de contratos de diversos entes públicos", así como "solicitar y/u obtener el pago de cantidades dinerarias en base a negocios jurídicos o contratos simulados y que no se ajustaban a la realidad".

Cinco años de investigación

El origen de este caso fue la denuncia presentada ante la Fiscalía en diciembre de 2009 por la abogada Ainhoa Alberdi contra los entonces dirigentes del PNV alavés Alfredo de Miguel y Aitor Tellería, a quienes acusó de formar parte de una supuesta trama de cobro de comisiones ilegales.

Ambos supuestamente trataron de cobrarle 100.000 euros por un contrato que se había adjudicado a la empresa Urbanorma -de la que era administradora- para gestionar la ampliación del Parque Tecnológico de Araba, en Miñano, según su denuncia.

Ésta motivó el inicio de una investigación que provocó que el 17 de marzo de 2010, De Miguel, que entonces era diputado foral de Administración Local en Araba, fuera detenido a primera hora de la mañana en su domicilio en Vitoria-Gasteiz, en una operación que se saldó con otros siete arrestados.

Todos ellos quedaron libres ese mismo día tras declarar ante el juez pero con cargos en su contra.

En el ámbito político, esta causa hizo mover ficha en el seno del PNV alavés, ya que motivó la dimisión de De Miguel como diputado foral y también como vicepresidente de la Caja Vital, y la de Tellería como miembro de la Ejecutiva alavesa del PNV.

El entonces presidente del PNV, Iñigo Urkullu, emplazó a los militantes imputados a que entregaran sus carnés de afiliados para desvincular al partido, que según dijo, no tenía "nada que ver", con este supuesto caso de corrupción.