Política -
Pleno de las Juntas Generales
Las Juntas de Gipuzkoa reprueban a Olano y Goia por el caso Bidegi
Les imputan las responsabilidades políticas del caso sobre presunto fraude en la construcción de la infraestructura viaria.
AGENCIAS | REDACCIÓN
Los dirigentes del PNV Markel Olano y Eneko Goia, actuales candidatos de este partido a diputado general de Gipuzkoa y a alcalde de Donostia-San Sebastián, han sido reprobados hoy por el pleno de las Juntas Generales de Gipuzkoa que les ha imputado las responsabilidades políticas del caso Bidegi con los votos de Bildu, Aralar y el PP.
En el último pleno del Parlamento foral celebrado esta legislatura, estos tres partidos han sumado sus votos para aprobar el documento de conclusiones de la comisión de investigación del caso Bidegi, que sitúa como sus responsables políticos a Markel Olano, anterior diputado general de Gipuzkoa, y a Eneko Goia, diputado foral de Infraestructuras Viarias en la pasada legislatura.
El PNV ha votado en contra de las conclusiones, al entender que este asunto responde a una "venganza política" de Bildu ante las próximas elecciones municipales y forales, mientras que el PSE-EE ha votado en blanco por considerar que la comisión no cumplía los requisitos formales para investigar este caso con suficientes garantías.
El presunto fraude cometido en la construcción de la AP-1, conocido como caso Bidegi, también está siendo investigado por un Juzgado de Azpeitia, ante el que la Diputación de Gipuzkoa interpuso el pasado noviembre una querella por el presunto abono de 3,4 millones de euros por trabajos no ejecutados en el tramo Eskoriatza Norte-Arrasate Norte al final de la pasada legislatura, relacionados con un vertedero de sobrantes (Basagoiti-2) y con excavaciones y movimientos de tierras.
Se da la circunstancia de que el pasado viernes la Diputación decidió ampliar esta querella, al entender que la cantidad económica presuntamente defraudada supera a la denunciada inicialmente para situarse finalmente en un total de 13,6 millones de euros.
El escrito de conclusiones aprobado hoy avala todas las tesis defendidas por la Diputación en este caso y considera "probado" que se abonaron a la UTE que ejecutó la obra 3,4 millones de euros "en base a liquidaciones falseadas" por trabajos no realizados.
El documento sostiene asimismo que "existía un conocimiento directo de las negociaciones sobre los pagos de la obra por parte de los responsables políticos" y resalta que Olano y Goia "no han ofrecido explicación alguna de forma voluntaria" al respecto.
