220 casos de terrorismo no han sido esclarecidos

Al menos 197 familias de víctimas mortales provocadas por ETA y 20 familias de víctimas del GAL, el BVE y otras organizaciones no han obtenido una sentencia esclarecedora del caso. Además,  no hay datos sobre otros 29 asesinatos relacionados con los GAL y el BVE.  Existen también otros tres casos de autoría desconocida o confusa que tampoco han obtenido una sentencia esclarecedora. Todos los casos corresponden a las décadas de los 70 y 80, y suponen el 26 % de los casos de terrorismo ocurridos. Son las principales conclusiones que desprende el estudio "Informe sobre la situación procesal de los atentados perpetrados por organizaciones terroristas con resultado de muerte entre 1960 y 2014" encargado por el Gobierno Vasco.

El encargo de este informe se enmarca en las previsiones establecidas en el Plan de Paz y Convivencia y responde a una reivindicación de distintas asociaciones de víctimas. Según el Ejecutivo de Gasteiz,  este estudio  supone "un paso adelante en el deber de clarificación del pasado y en relación con la vulneración del derecho a la vida. Aporta datos precisos para conocer cuántas familias de víctimas mortales de atentados perpetrados por organizaciones terroristas no han visto esclarecido su caso".

En la elaboración del informe han participado el periodista Carlos Fonseca, la profesora de Derecho Penal Enara Garro, el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín y el exdirector  general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio de Interior José Manuel Rodríguez Uribes. El lehendakari Iñigo Urkullu y el secretario general de Paz y Convivencia ha recibido esta mañana al grupo de trabajo en Lehendakaritza.

En una primera valoración de este informe, el Gobierno Vasco quiere subrayar que "el eje desde el que debe ser analizada la problemática de los asesinatos no resueltos son las víctimas y su derecho a la justicia y a la verdad".  Considera, además, que ante la complejidad de la tarea "no se deben crear falsas expectativas". El Ejecutivo se compromete a desarrollar "una investigación exhaustiva" pero no puede garantizar que todos los casos serán resueltos. "Reconocimiento, clarificación y justicia" serán las primeras líneas de trabajo.