Política -
9N
Torres-Dulce propone una querella contra Mas, Ortega y Rigau
El fiscal general del Estado propone presentar la querella por los delitos de desobediencia, malversación, prevaricación y usurpación de funciones
Redacción
La Junta de Fiscales de Sala ha comenzado este miércoles su reunión poco después de las 10:00 horas de este miércoles y tiene sobre la mesa una propuesta del fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, para que se dirija una querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas; la vicepresidenta, Joana Ortega y la consejera de Educación, Irene Rigau, por los delitos de desobediencia, malversación, prevaricación y usurpación de funciones por su papel en la organización del llamado "proceso participativo" del 9N.
Así lo han señalado fuentes fiscales minutos después de dar comienzo la reunión, que se celebra con la ausencia de dos de los 27 miembros de éste órgano. Al cónclave, presidido por el propio Torres-Dulce, faltan el juez togado militar, Fernando Marín Castán, que no ha tomado posesión tras haber sido designado recientemente, y el fiscal de Sala del Tribunal Supremo Juan Ignacio Campos, que se encuentra enfermo.
Otro de los documentos que la Junta tiene sobre la Mesa es el acta de la reunión que celebraron el lunes los nueve miembros de la Junta de Fiscales de Cataluña y que fue remitida a la Fiscalía General del Estado para justificar su negativa a interponer la querella.
Según esa acta, los fiscales opinaron que el hecho de que el Tribunal Constitucional (TC) no dirigiera a la Generalitat una advertencia expresa en la providencia por la que suspendió la consulta alternativa "parece responder a una decisión meditada" de este órgano y dificulta que pueda hablarse de un delito de desobediencia.
"La ausencia de orden concreta, precisa y determinada supone, obviamente, la falta de un destinatario con los mismos atributos" y "tampoco se dirige a un destinatario concreto", apuntan los fiscales para justificar su oposición a la presentación de acciones penales contra Mas.
La decisión que adopte la Junta de Fiscales de Sala es, en todo caso, no vinculante, y la decisión última dependerá de Torres-Dulce, que trata con esta reunión de obtener el respaldo de la cúpula del Ministerio Público en una actuación que ha merecido el rechazo de los fiscales del territorio afectado.
