Arrestadas 32 personas en una operación contra funcionarios corruptos

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civilha ha detenido a 32 personas en una operación contra la corrupción en la Administración Pública a nivel funcionarial. Se investiga si funcionarios públicos han dado trato de favor en la adjudicación de concursos a determinadas empresas a cambio de mordidas. Entre los detenidos se encuentra el portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote, Sergio Machín.

Agentes de la UCO han dejado en libertad a cuatro de los detenidos. Fuentes de la Guardia Civil han explicado que seguirán tomando declaración a algunos detenidos y que a otros, en un número que no han precisado, los pondrán a disposición de la juez Mercedes Alaya, a partir del próximo jueves.

De las 32 detenciones, 23 han tenido lugar en Andalucía, concretamente han sido arrestados 11 en Sevilla, 3 en Jaén, 4 en Córdoba, 3 en Huelva, uno en Cádiz y otro en Granada. Los demás detenidos han sido en Badajoz, Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona, Lanzarote y Las Palmas de Gran Canaria. Además se han llevado a cabo una decena de registros, incluyendo la Diputación de Sevilla y la sede de la empresa Fitonovo en Canarias.

Es la tercera parte de la operación Madeja, dirigida por la jueza Mercedes Alaya, que también lleva el caso de los ERE falsos. Operación Madeja

La Operación Madeja, que investiga presuntos pagos ilegales en el Ayuntamiento de Sevilla, es una derivada del caso Mercasevilla.Las indagaciones que lleva a cabo al respecto la Guardia Civil están bajo secreto de sumario, decretado por la juez Mercedes Alaya en julio de 2013 y prorrogado en quince ocasiones, la última el pasado 10 de octubre.Tres personas llegaron a estar en prisión por este asunto: Francisco Amores, exjefe del servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla; al empresario José Antonio González Baró, administrador de la empresa Fitonovo; y a Francisco Luis Huertas, jefe de mantenimiento del Parque María Luisa.Este último quedó en libertad en enero de este año, tras rebajar la jueza a 60.000 euros la fianza de 150.000 euros que había fijado inicialmente.En cuanto a Amores y González Baró, ambos se encuentran también el libertad bajo fianza, de 150.000 y 250.000 euros, respectivamente.En mayo pasado, la juez levantó parcialmente el secreto respecto al exdirector del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y exasesor del grupo socialista Domingo Enrique Castaño y su esposa, la abogada Ana María Vaquero, que habrían incrementado su patrimonio en 811.396 euros en siete años, de los que 400.181 euros lo fueron sin justificar y con posible origen en comisiones ilegales.También fue imputado en este caso, Joaquín Peña, director de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, a quien en diciembre destituyó el alcalde Juan Ignacio Zoido (PP) al conocerse su imputación en esta nueva rama del caso Mercasevilla.