Udalbiltza acusa a Carlos Urquijo de intentar ahogarla económicamente

Udalbiltza ha acusado hoy al delegado del Gobierno español en el País Vasco, Carlos Urquijo, de intentar ahogarla económicamente al recurrir "de manera sistemática" los acuerdos de los ayuntamientos que hacen aportaciones económicas en su favor.

Según indica esta organización en una nota, hasta ahora ya son 18 los requerimientos que han llegado a los consistorios. El primer juicio se celebra el 11 de noviembre, contra un acuerdo del Ayuntamiento de Irura. Según explican, desde el pasado mayo "Urquijo se ha dedicado a impugnar hasta tres tipos de actos administrativos de los ayuntamientos", como son "el abono de la cuota de los miembros de Udalbiltza, la firma de convenios de colaboración entre el consorcio y varios consistorios, y los propios presupuestos municipales cuando incluyen partidas presupuestarias" destinadas a esta asociación.

El colectivo explica que "el Consorcio Udalbiltza es una entidad pública formada por 38 ayuntamientos" que "se creó en 2001, con posterioridad al nacimiento de Udalbiltza, la asamblea de electos municipales de Euskal Herria", y "se reconstituyó en marzo de 2012, un año antes de la reorganización de la asamblea".

"En este tiempo -prosigue el escrito-, ha puesto la prioridad en superar los desequilibrios entre los distintos territorios del país, y en dar pasos en el desarrollo local y en la cohesión entre todos los municipios".

Aclara que, para ello, se ha valido principalmente del Fondo Vasco de Desarrollo y Cohesión, un organismo autónomo al que el consorcio destina gran parte de su presupuesto.

Presupuestos y actos públicos

La nota recalca que "los presupuestos y los actos administrativos del Consorcio Udalbiltza son públicos y aparecen en el Boletín Oficial de Gipuzkoa", mientras que "sus ingresos provienen de las cuotas que abonan sus 38 miembros y de los convenios de colaboración que suscribe con otros ayuntamientos y entidades públicas".

"Estas son sus únicas fuentes de financiación, y con esta oleada de recursos el delegado del Gobierno pretende ahogar económicamente al consorcio y detener su actividad", recalca este colectivo, según el cual, "hasta ahora ya son 18 los requerimientos que han llegado a los consistorios", aunque "podría haber muchos más en curso".