Política -
Informe
Denuncian que España no cuenta con mecanismos de prevención de tortura
Behatokia y Torturaren Aurkako Taldea creen que "las víctimas de la tortura, lejos de contar con un reconocimiento que pueda dar paso a una reparación, siguen siendo ignoradas y maltratadas".
Redacción
El Observatorio de Derechos Humanos Behatokia y el colectivo Torturaren Aurkakako Taldea (TAT) han denunciado que el Estado no cuenta con "mecanismos de prevención de la tortura ni de reparación a las víctimas", a pesar de las condenas que ha recibido por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y de otros organismos internacionales.
Las representantes de estos colectivos Iratxe Urizar (Behatokia) y Lorea Bilbao (TAT) han analizado este jueves en Bilbao las sentencias hechas públicas esta semana por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en las que se condena a España por no investigar adecuadamente las denuncias de torturas interpuestas por Beatriz Etxebarria, condenada por varios atentados de ETA y actualmente en la prisión de Soto del Real, y Ohian Ataun, que cumplió un año de condena por portar carteles de presos.
En la comparencia, han estado acompañadas por el propio Ohian Ataun, que ha expresado su satisfacción por la resolución del tribunal, así como por el hermano de Etxebarria, Jokin Etxebarria, y del abogado Óscar Sánchez.
Han resaltado que también han criticado a España "numerosas ONG internacionales como Human Rights Watch y Amnesty International, instituciones como el Consejo de Europa y su Comité de Prevención de la Tortura, y numerosos mecanismos de protección de derechos humanos de Naciones Unidas" debido a "la persistencia de instrumentos, como la detención incomunicada, que permiten la tortura y la negativa a investigar las denuncias de las víctimas, que no hace sino aumentar la impunidad sobre esta terrible práctica".
Las representantes de Behatokia y TAT han denunciado que "la realidad demuestra que, hoy en día, no existen ni mecanismos de prevención ni mecanismos de reparación a nivel interno para las víctimas de la tortura". De este modo, han indicado que, a pesar de los convenios y acuerdos firmados al respecto, el Estado no cuenta con un mecanismo similar al Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa y, además, el mecanismo nacional de prevención de la tortura "ha demostrado ser absolutamente inútil".
De la misma manera, han advertido de que, en materia de reparación y reconocimiento, "no existe juzgado ni tribunal que haya valorado, ni de lejos, en el mismo sentido" que el TEDH. Asimismo, han recordado que el informe 'Incomunicación y Tortura', realizado por diversos expertos en aplicación del denominado Protocolo de Estambul, recoge 45 casos de denuncias de tortura "verosímiles". "Se trata de investigar y de reparar el daño causado: reconocimiento y reparación, sin investigación no es posible conocer lo ocurrido, y sin reconocer lo ocurrido es imposible la reparación", han indicado.
Los dos colectivos han advertido de que, sin embargo, se sigue sin "respetar a las víctimas de tortura", como, según han asegurado, ha ocurrido en el juicio que se está celebrando en la Audiencia Nacional contra 28 personas acusadas de pertenecer a Segi.
"Las víctimas de la tortura, lejos de contar con un reconocimiento que pueda dar paso a una reparación por lo sufrido, siguen siendo ignoradas y maltratadas. Es un tribunal que da por buenas declaraciones autoinculpatorias que son la base de imputaciones y condenas. Sin embargo, las condiciones en las que son hechas estas declaraciones no dejan de ser objeto de crítica por las organizaciones, instituciones y tribunales internacionales", han insistido.
Por su parte, Ataun ha afirmado estar "muy contento" con la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, si bien ha reconocido tener un "sabor agridulce" por el hecho de que "no se haya llegado al fondo de la cuestión".
Según han explicado los abogados, actualmente están pendientes de resolución otras cuatro demandas ante el tribunal Europeo de Derechos Humanos. Dos de ellas, de Xabier Beortegi y Patxi Arratibel, se refieren a la vulneración del artículo 3 del Convenio europeo desde el punto de vista procesal. Las otras dos, de Igor Portu y Mattin Sarasola, denuncian vulneración de este artículo desde el punto de vista material.