Aprobada la comisión de control de consultas en Cataluña

El Parlament, con los 86 votos a favor de CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP, ha aprobado hoy la creación de la Comisión de control de las consultas populares (el organismo llamado a supervisar la consulta del 9N), en un tenso debate en el que PPC, PSC y Ciutadans se han negado a votar.

La comisión la forman siete juristas y politólogos de "reconocido prestigio", que serán la catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) Mercè Barceló Serramalera, el catedrático del Departamento de Ciencia Política de la UAB Joaquim Brugué Torruella, y el profesor de Derecho Internacional de la Universidad Rovira Virgili (URV) Alfons González Bondia.

También el catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Girona Miquel Martin Casals, los abogados Marc Marsal Ferret y Benet Salellas Vilar, y el catedrático de Ciencia Política y Administración de la Universidad de Barcelona Jordi Matas Dalmases.

En un tenso debate antes de la votación, PPC y Ciutadans han solicitado su retirada del orden del día porque desarrolla, han advertido, una ley que ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional, acto que para estos partidos supone traspasar una "línea roja" y una "desobediencia clara" al Alto Tribunal.

Es por ello por lo que estos partidos se han negado a participar en la votación, algo a lo que también se ha sumado el PSC, que ha cuestionado también su "legitimidad jurídica", mientras que el bloque soberanista ha defendido que el informe de los letrados del Parlament daba el visto bueno a la legalidad de la votación y ha cargado contra las "amenazas" de populares -con las manos en alto- y Ciutadans -que han abandonado el hemiciclo-.

Además, la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, ha anunciado que su partido llevará ante la Fiscalía y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo el acuerdo.

Recursos en el Constitucional

Por otro lado, el Govern ha presentado hoy dos recursos al Tribunal Constitucional (TC) en los que solicita el "inmediato levantamiento" de la suspensión de la ley de consultas y el decreto de convocatoria del 9 de noviembre, y donde alega que esta decisión no generaría "perjuicios" ni situaciones "irreversibles".

Con estos recursos, la Generalitat se persona hoy para intentar abortar la suspensión cautelar, mientras sus abogados preparan las alegaciones que se presentarán en las próximas semanas para que el TC las tenga en cuenta cuando analice el fondo de la ley catalana de consultas y del decreto de convocatoria.

El Govern argumenta que el TC puede acordar el "levantamiento inmediato" de la suspensión "atendiendo a la presunción de legitimidad de las leyes y a la ponderación de los intereses perjudicados por la suspensión" y, en este sentido, remarca que está suspendida una ley del Parlament que tiene "conexión directa con la voluntad popular", lo que puede producir "perjuicios muy graves e irreparables para el interés general".

300 antidisturbios más

El Ministerio del Interior español ha decidido reforzar con 300 efectivos de antidisturbios de la Unidad de Intervención Policial (UIP) la presencia de la Policía Nacional en Cataluña, principalmente para proteger los edificios cuya competencia recae sobre el Gobierno central, han informado fuentes policiales.

Si bien las manifestaciones suelen ser pacíficas, siempre puede haber alguna persona que se desmarque para atentar contra dichos edificios y, por ese motivo, se refuerza la seguridad, pero que "en ningún caso" se invaden las competencias de los Mossos en el capítulo de seguridad ciudadana, han asegurado fuentes policiales.