Política -
Aforamiento de Juan Carlos I
¿Cuántos aforados hay en Euskadi?
España es el Estado europeo con más aforados. En países como Alemania y Estados Unidos esta figura no existe.
David Pérez | eitb.com
El 'aforamiento exprés' del rey Juan Carlos I ha reabierto el debate sobre la necesidad de que ciertos cargos públicos ostenten esta protección jurídica especial que no está al alcance del resto de ciudadanos.
La polémica no es baladí: España es el Estado europeo con más aforados, unos 10.000, de los cuales 2.000 son políticos. Por comparar: En Francia solo son inmunes el presidente de la República y los miembros del Gobierno (21 en total), en Italia y Portugal solo el presidente, mientras que en Alemania, Reino Unido y Estados Unidos no hay ningún aforado.
En Euskadi, los cargos públicos con protección jurídica especial son 400: el lehendakari, los consejeros del Gobierno Vasco, los parlamentarios, el Ararteko y jueces y fiscales. En Navarra son 147.
El aforamiento no significa que estas personas no puedan ser juzgadas, sino que tan solo pueden serlo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) o el Tribunal Supremo (TS). Sin embargo, solo pueden ser detenidos si son pillados in fraganti.
El último aforado que ha tenido que rendir cuentas ante la Justicia ha sido el parlamentario de EH Bildu Hasier Arraiz, quien en abril declaró como imputado por un supuesto delito de enaltecimiento del terrorismo por defender la trayectoria de la izquierda abertzale, caso que fue archivado por el TSJPV.
Anteriormente se sentaron en el banquillo de los acusados, entre otros, los exlehendakaris Patxi López y Juan José Ibarretxe y el expresidente del Parlamento Vasco Juan Mari Atutxa.
El aforamiento es un derecho o privilegio (según se mire) reconocido en la Constitución para el caso de los miembros del Gobierno, diputados y senadores; en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para los representantes del ámbito judicial, y en los Estatutos de Autonomía para los cargos autonómicos.
La razón aducida normalmente por los partidarios del aforamiento es evitar las presiones políticas a las que podría verse sometido un tribunal ordinario si debe juzgar a un alto cargo público, una presión ante la que un tribunal superior, se entiende, sería inmune.
También se citan como argumentos a favor que el aforamiento sirve como defensa ante persecuciones políticas y que esta figura se creó para evitar que las sucesivas causas obligaran al cargo público demandado a desplazarse de juzgado en juzgado.
Sus detractores denuncian sin embargo que el aforamiento es un privilegio anacrónico, ya que cargos públicos y ciudadanos comunes no son iguales ante la Justicia.
