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El Gobierno Vasco impulsa un estudio 'oficial' sobre la tortura
El forense Francisco Etxeberria dirigirá el equipo, que estudiará la incidencia de la tortura en Euskadi entre los años 1960 y 2010.
Redacción
El Gobierno Vasco ha encargado a un equipo dirigido por el forense Francisco Etxeberria un estudio "oficial" sobre la incidencia de la tortura en Euskadi entre los años 1960 y 2010.
El secretario general de paz y convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, y el profesor de Medicina Forense de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU) Francisco Etxeberria han presentado en San Sebastián este proyecto, que representa "el primer paso" para desarrollar la iniciativa sexta del Plan de Paz y Convivencia del ejecutivo autonómico.
El objetivo del estudio, que tendrá un carácter oficial y científico, consiste en "desvelar la incidencia real de este fenómeno en Euskadi en estos 50 años" para establecer "las conclusiones en materia de reconocimiento, reparación y prevención", ha explicado Fernández.
El desarrollo del trabajo constará de tres etapas, la primera de entre seis y ocho meses, será una cuantificación "solvente" del número de torturas; la segunda de entre nueve y 12 meses abordará la credibilidad de esas denuncias a través del método de evaluación pericial basado en el Protocolo de Estambul y la tercera, de entre tres y cinco meses, se orientará a establecer las conclusiones y recomendaciones en materia de reconocimiento, reparación y prevención.
El forense Francisco Etxeberria ha destacado el carácter "oficial" de este estudio, que lo diferencia de otros muchos que se han elaborado y que, además, no han abarcado el periodo de tiempo tan amplio que se plantea en este proyecto.
"No vamos a hacer nada que nos se haya hecho en otras partes del mundo", ha dicho Etxeberria, quien ha destacado que esta investigación contará "con la legitimidad que tiene el Gobierno Vasco".
Por su parte, Jonan Fernández ha considerado que "la mera sospecha razonable de la existencia de tortura debe llevar a cualquier persona o institución comprometida con los valores de la democracia y los derechos humanos a despejar esa duda y tomar cuantas medidas sean necesarias para prevenir ese fenómeno".
En su opinión, este tipo de investigaciones "no debilitan ni al sistema democrático ni a los cuerpos policiales", sino que, por el contrario, "refuerza su legitimidad y el compromiso" con ellos.
