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Justicia universal

La Fiscalía plantea llevar al Constitucional el caso Couso

La Fiscalía ha pedido al juez Pedraz que anule el auto por el que rechazó archivar el caso Couso, porque de lo contrario está impidiendo a las partes plantear cuestión de inconstitucionalidad.

El cámara asesinado José Couso. Imagen de archivo: EiTB
El cámara asesinado José Couso. Imagen de archivo: EiTB
El cámara asesinado José Couso. Imagen de archivo: EiTB

Redacción

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La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al juez Santiago Pedraz que anule el auto por el que rechazó archivar el caso Couso en aplicación de la limitación de la justicia universal, porque de lo contrario está impidiendo a las partes plantear cuestión de inconstitucionalidad por esa reforma.

El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, ha solicitado al magistrado en su recurso al auto dictado el pasado lunes en el caso Couso, la muerte del cámara José Couso en Irak en 2003, que proceda a la conclusión de este sumario y lo eleve a la Sala de lo Penal para que sea ésta la que resuelva si cabe ese archivo.

En su escrito, el fiscal, que tilda de "extralimitación competencial" la decisión de Pedraz de no archivar alegando que la convención de Ginebra prevalece sobre la reforma de la justicia universal, asegura que si se da traslado a la Sala, tal y como reclama, se puede permitir a las partes "acudir a la vía de la cuestión de inconstitucionalidad".

La Fiscalía ya manifestó su discrepancia con la reforma de la justicia universal y apuntó a la posibilidad de plantear cuestión de inconstitucionalidad por estos casos en la queja que remitió al fiscal general del Estado, al entender que esa reforma limita la investigación de delitos, lo que a su entender podía ser "en cierta medida" inconstitucional.

Andreu apunta en la misma dirección

Precisamente hoy, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha preguntado a la Fiscalía y a las partes personadas sobre si cabe plantear una cuestión de inconstitucionalidad por la reforma de la justicia universal en los casos que tramita su juzgado: el genocidio en Ruanda entre 1994 y 2000 y el ataque por parte del ejercito iraquí al campo de refugiados iraníes de Ashraf.

Andreu ha planteado esta cuestión a las partes a través de una providencia y les ha dado un plazo "común e improrrogable" de diez días para pronunciarse sobre si debe plantearse esa cuestión de inconstitucionalidad y la forma en la que debería hacerse.

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