Política -
Caso Nóos
La infanta podría valerse de la 'doctrina Botín' como vía de solución
La Abogacía del Estado y la Fiscalía Anticorrupción se oponen a la imputación, y pueden pedir, al ser los "perjudicados por los supuesto delitos contra la Hacienda Pública", que se archive la causa.
Redacción
Por el momento, la imputación de la infanta Cristina que ha decidido el juez José Castro no cuenta con el apoyo ni de la Abogacía del Estado ni de la Fiscalía Anticorrupción, representantes en un proceso judicial del Estado y sus ciudadanos, que son quienes padecen un delito contra la Hacienda Pública.
Por ello, al no apoyar estos dos organismos la imputación ordenada hoy por Castro, que solo cuanta hasta ahora con el sostén de Manos Limpias, acusación particular en el juicio, la infanta Cristina pueda librarse de tener que sentarse en banquillo, pues la acusación popular no es suficiente para sostener una causa si la Fiscalía y los perjudicados no presentan acusación alguna.
Esa vía de solución para la infanta Cristina, llamada 'doctrina Botín' porque exoneró de juicio al banquero, tiene su origen en una resolución del Tribunal Supremo de 2007 en la que se avalaba la decisión de la Audiencia Nacional de limitar la acción de las acusaciones particulares y no darles entidad suficiente para pedir la apertura de juicio oral cuando la Fiscalía y los perjudicados hubieran solicitado el sobreseimiento de la causa.
De todas maneras, poco después, en 2008, el tribunal dicto una resolución en el sentido contrario para condenar a Juan María Atutxa, expresidente del Parlamento vasco, por no disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak y admitió a la acusación popular en solitario "cuando el delito afecta a intereses colectivos o si no se han personado los perjudicados directos".
Segunda imputación
Esta es la segunda ocasión en la que Castro cita como imputada a la infanta Cristina, pero cuando lo hizo por primera vez en abril de 2013 suspendió poco después la citación después de que la Fiscalía Anticorrupción presentara recurso ante la Audiencia Provincial.
La Audiencia dejó sin efecto la imputación pero apuntó nuevas líneas de investigación para averiguar si la infanta Cristina pudo incurrir en posibles delitos fiscales y de blanqueo desde la empresa Aizoon, de la que es propietaria al 50 % junto a su esposo.
