Política -

Ilegalización de Batasuna

El TC confirma la inhabilitación de Atutxa por no disolver SA en 2008

El TC ha rechazado el recurso de amparo presentado por el expresidente del Parlamento Vasco y los exmiembros de la Mesa Kontxi Bilbao y Gorka Knorr contra la multa y la pena de inhabilitación

Atutxa, Bilbao y Knorr. EITB.
Atutxa, Bilbao y Knorr. EITB.
El Tribunal Constitucional confirma la inhabilitación de Atutxa

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Redacción

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El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado el recurso de amparo presentado por el expresidente del Parlamento Vasco Juan María Atutxa y los exmiembros de la Mesa de la Cámara de Vitoria-Gasteiz Kontxi Bilbao y Gorka Knorr contra la multa y la pena de inhabilitación que les fue impuesta por el Tribunal Supremo en abril de 2008. Se les condenó por desobediencia a la autoridad judicial por no disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak (SA) tras la ilegalización de Batasuna en 2003.La decisión del Supremo fue consecuencia de la estimación del recurso de casación interpuesto por Manos Limpias contra la absolución de los tres parlamentarios acordada en diciembre de 2006 por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.La Fiscalía no acusó a los parlamentarios, dejando la exclusividad de la acción a la acusación popular ejercida por Manos Limpias. De este modo, la decisión del Supremo en este caso fue contraria a lo establecido en la denominada 'doctrina Botín', que impidió la apertura de un proceso al banquero a instancia exclusiva de la acusación popular.

Los hechos se remontan a 2008, cuando Atutxa y los entonces miembros de la Mesa del Parlamento vasco Gorka Knörr (EA) y Kontxi Bilbao (Ezker Batua) fueron inhabilitados y multados por “desobediencia a la autoridad judicial” al no disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak, tras la ilegalización de Batasuna en 2003.En concreto, se condenó a Atutxa a una pena de inhabilitación especial para ocupar cargo público de un año y seis meses y le impuso una multa de 18.000 euros. Kontxi Bilbao y Gorka Knorr fueron condenados y a un año de inhabilitación para cargo público y 12.000 euros de multa. Los tres recurrieron, y hoy el Constitución deberá pronunciarse sobre ese recurso.

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