El Gobierno aspira a que ésta sea 'la legislatura histórica de la paz'

El Gobierno Vasco ha aprobado hoy definitivamente, en la reunión de los martes del Consejo de Gobierno, la versión definitiva del Plan de Paz y Convivencia, que incluye el "suelo ético" acordado la pasada legislatura por PNV, PSE-EE y PP.

Según ha explicado el portavoz del Gobierno Vasco durante la presentación, el Ejecutivo quiere convertir "este tiempo" en "la legislatura histórica de la paz y la normalización social de la convivencia". Para ello, según ha explicado, pese a las "dificultades", trabajarán con "seriedad y discreción".Además, ha indicado que el Ejecutivo es consciente de las "dificultades" que va a encontrar al "emprender este camino", pero ha asegurado que trabajarán con "seriedad, responsabilidad y discreción" para "aprovechar la oportunidad ante la que nos encontramos".

Erkoreka espera que el Plan de Paz facilite el entendimiento en la ponencia del Parlamento Vasco, actualmente en letargo tras la negativa a tomar parte en la misma de PP, PSE-EE y UPyD. Esta ponencia, en la que desde su nacimiento no toman parte ni PP ni UPyD, está paralizada después de que el PSE-EE también haya optado por no acudir ante la negativa de EH Bildu a asumir el "suelo ético". "Esperamos que el plan pueda facilitar la aproximación entre las formaciones para que puedan flexibilizar posiciones y dar pasos adelante", ha indicado. Erkoreka ha señalado que el plan será la "hoja de ruta" del Ejecutivo autonómico en esta materia y servirá para convertir los años de su vigencia en la "legislatura histórica de la paz y de la normalización social de la convivencia".

Disolución de ETA

El texto, presentado el pasado viernes en Donostia-San Sebastián por el secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, pide la disolución de ETA "sin condicionamientos", cuyo primer paso sería un desarme y desmantelamiento "ordenado, seguro y definitivo".

Estructurado en cinco apartados, el texto, renovado tras recibir 28 aportaciones de partidos y colectivos sociales, comienza con un preámbulo que sirve como "marco de interpretación". Incluye, asimismo, "la posición ante el final de ETA", en el que se exige la disolución de la organización armada "sin condicionamiento político". El  primer paso sería el desarme, el desmantelamiento "ordenado, seguro y  definitivo". Esta será una "prioridad" a la que deberán atender las instituciones.

El documento renuncia a "imponer" un relato de lo ocurrido, sino que únicamente pretende "contribuir a una narrativa crítica del pasado". Así, Jonan  Fernández ha aseverado que "no se puede establecer un relato del pasado por decreto", sino crear las condiciones que "hagan posible  una reflexión compartida entre todos", pero "con unos mínimos".

En este sentido, ha explicado que esos "mínimos" suponen que "ningún argumento puede ser invocado para minimizar, justificar o legitimar la violencia de ETA ni ninguna otra violación de derechos humanos".

"Construir el futuro, sin olvidarse el pasado"

El cuarto apartado se refiere al tratamiento de "vulneraciones de signo diferente". En este sentido, ha precisado que hay que "reconocer y reparar todas las vulneraciones sin excluir ni diluir ninguna de ellas".

El último punto habla del "sentido de la prioridad ante el futuro". En esta línea, indica que "la factura" que ha de pagarse por la construcción del futuro "no puede ser ni olvidarse del pasado ni despreciar lo preexistente".

De las aportaciones que han recibido, Jonan Fernández ha destacado las que se refieren a crear "algún mecanismo independiente de investigación sobre torturas" y que incorpore el caso de "los huidos de ETA", y la necesidad de elaborar "un marco de prioridades" en materia de memoria histórica en los próximos meses, entre otras.