Política -
Tras el fin de ETA
TSJPV censura la supresión de sus cinco últimos servicios de escolta
Los demás habían sido suprimidos cuando ETA anunció que dejaba las armas.
Redacción
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha censurado la supresión de los cinco servicios de escolta que mantenían hasta el 1 de septiembre las principales autoridades judiciales de CAV, entre ellas el presidente del alto Tribunal vasco, "con infracción de la debida consideración institucional y en plenas vacaciones".
Este organismo ha aprobado un acuerdo en relación a esta medida, en el que pide que la Secretaría de Estado de Seguridad asuma la prestación del servicio de protección y solicita que los presupuestos vascos de 2014 consignen una partida para restituir los vehículos de incidencias.
El acuerdo se aprobó el pasado lunes, después de que el Gobierno vasco trasladara "de forma verbal" a la presidencia del TSJPV la decisión de la consejera de Seguridad de suprimir, desde el día 1 de septiembre, los cinco servicios de escolta que aún se presentaban a jueces y magistrados destinados a órganos judiciales de la CAV.
El resto de las escoltas que llevaban jueces, magistrados y fiscales tras el asesinato del magistrado José María Lidón a manos de ETA en 2001 había sido suprimido una vez que anunció el cese definitivo de su actividad armada.
En concreto, la decisión del Departamento de Seguridad afectada a "las cuatro autoridades que tienen atribuida en el bloque de constitucionalidad la representación ordinaria del Poder Judicial", es decir el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y los presidentes de las Audiencias de los tres territorios históricos, así como el juez decano de Bilbao.
El documento censura que la decisión de Seguridad se ha producido "con infracción de la debida consideración institucional, en plenas vacaciones judiciales" y sin tomar en consideración la solicitud del tribunal vasco ante los Departamentos de Seguridad y Justicia para que "se pospusiera al resultado de las reuniones de las comisiones insterinstitucionales" previstas para el mes de septiembre.
En estas reuniones, indica, debía resolverse sobre la propuesta de la Sala de Gobierno de mantener la vigencia del programa de protección para las cinco autoridades judiciales durante el actual ejercicio presupuestario.
El aplazamiento, según apunta la Sala, "tenía por finalidad que fuera en los presupuestos generales para el año 2014 en los que se consigne la partida, hoy inexistente, que permita restituir a las autoridades judiciales afectadas los vehículos de incidencias y el personal conductor que fue amortizado como consecuencia de la implantación del programa de protección" tras el asesinato de Lidón.
