Netanyahu destituye a su ministro de Defensa por proponer paralizar la reforma judicial

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha destituido este domingo a su ministro de Defensa, Yoav Gallant, quien el sábado abogó públicamente por pausar la tramitación de la polémica reforma judicial para dar margen al diálogo.

Netanyahu ha publicado un breve comunicado anunciando la marcha de Gallant en el que explica que ha perdido su confianza en él porque "se ha puesto a la espalda del Gobierno", informa la prensa israelí. Netanyahu se encuentra de visita oficial en Reino Unido.

Gallant sigue siendo diputado del partido Likud de Netanyahu, pero no se sabe si seguirá formando parte del Gobierno, resultado de un complejo equilibrio de fuerzas entre los partidos de derecha y ultraderecha que conforman la coalición que sostiene a Netanyahu.

Gallant rompió el sábado la defensa monolítica del Gobierno israelí de la polémica reforma judicial impulsada por Netanyahu y que ha sumido al país en una profunda crisis política por las protestas de la oposición, que denuncia una amenaza para la división de poderes.

"Nunca he visto el nivel de odio y dolor que veo ahora. La división en la sociedad llega hasta el Ejército (los reservistas se han mostrado en contra de la reforma) y ello supone un peligro inmediato y tangible a la seguridad del Estado. No voy a ceder en esto. Necesitamos cambiar la judicatura, pero los cambios importante deben hacerse con diálogo. El proceso legislativo debe ser detenido", dijo Gallant en un discurso televisado.

12 semanas de protestas

Más de 630 000 personas (300.000 de ellas en Tel Aviv) han salido este sábado a las calles de las principales ciudades de Israel para protestar contra la polémica reforma judicial impulsada por el Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, según datos de los convocantes. 

Esta es ya la 12ª semana consecutiva de protestas contra la reforma judicial, y la más multitudinaria, con cifras de récord, por haber coincidido con el anuncio del ministro Gallant.

La reforma judicial otorgaría al Gobierno el control absoluto sobre el nombramiento de los jueces del Tribunal Supremo e impediría que los tribunales veten normas aprobadas por el Parlamento. La norma deberá ser aprobada definitivamente la semana próxima.