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Denuncian a Duque ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad
La querella presentada por el senador Cepeda y varias ONGs documenta 1595 casos de violaciones de derechos humanos como asesinatos, violencia sexual, torturas y detenciones irregulares, entre otros.
o.p. | eitb media
Euskaraz irakurri: Nazioarteko Zigor Auzitegian salatu dute Duque, gizateriaren aurkako delituengatik
El presidente de Colombia, Iván Duque, ha sido denunciado ante la Corte Penal Internacional (CPI) y Naciones Unidas por delitos de lesa humanidad durante las protestas que desde hace dos semanas sacuden varias ciudades de Colombia por la gestión de su Gobierno.
La denuncia ha sido presentada por el senador del Polo Democrático Iván Cepeda junto a organizaciones sociales, ONGs y organizaciones que trabajan por los Derechos Humanos, como Temblores.
El documento recoge, en sus más de cien páginas, documentación sobre 1595 hechos, ocurridos desde el 28 de abril en los que se han vulnerado derechos humanos. "Se han documentado 24 casos de asesinato y 50 de víctimas de tentativa de asesinato; 16 víctimas de violencia sexual; 11 víctimas de desaparición forzada; 129 víctimas de tortura y 1365 víctimas de detención irregular", sostiene la denuncia.
Afirman que estos casos, lejos de ser hechos aislados “muestran patrones claros de actuación de las autoridades” incluso dan cuenta del “conocimiento que tuvieron los más altos responsables de la autoridad policial en la comisión de estos crímenes".
Cepeda ha explicado que la decisión de acudir a instancias internacionales proviene después de que Colombia “no haya mostrado voluntad de investigar” estas acusaciones ni haya condenado los crímenes y las violaciones de los Derechos Humanos, que implican, supuestamente, a miembros de la fuerza pública.
Igualmente, responsabilizan al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) como uno de los "principales instigadores" de crímenes de lesa humanidad que supuestamente ocurrieron en las protestas.
Los denunciantes reclaman también la presencia ante la Justicia internacional de otros cargos del Gobierno, como el ministro de Defensa, Diego Molano; el comandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro; y el director de la Policía, Jorge Luis Vargas. En un comunicado los querellantes dicen todos ellos, "teniendo la capacidad material para prevenir la comisión de estos delitos o promover el castigo efectivo de los presuntos responsables, no lo hicieron".
El escrito ha sido remitido también al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y han solicitado a la fiscal general del Tribunal Penal Internacional, Fatou Bom Bensouda, que acuda a Colombia para constatar los hechos que se denuncian.