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DOCUMENTACIÓN
Las posibles consecuencias del segundo juicio político a Donald Trump
En el caso de que el Senado condenará a Trump éste no podría presentarse a las elecciones presidenciales de 2024 y perdería su pensión vitalicia como expresidente.
O. A. | EITB MEDIA
Euskaraz irakurri: Donald Trumpen aurkako bigarren epaiketa politikoaren balizko ondorioak
Este miércoles la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó abrir un segundo juicio político (impeachment) en el Senado contra el presidente saliente, Donald Trump.
Pese a que parece claro que el juicio político a Donald Trump no se completará antes del fin de su mandato, el 20 de enero, el Senado, que pronto controlarán los demócratas, tiene en su mano bloquear sus ambiciones políticas para 2024 y privarle de la pensión vitalicia y los otros beneficios a los que tienen derecho los expresidentes.
Fuera de la carrera presidencial en 2024
Aunque Trump complete su mandato, si el juicio político obtiene el apoyo de dos tercios del Senado, incluso con Joe Biden instalado en la Casa Blanca, el mandatario republicano sería acusado formalmente de "altos crímenes" y se abriría la puerta a privarle posteriormente de casi todos los beneficios de ser expresidente y asegurarse que no vuelve a optar a un puesto político de por vida.
El proceso no es sencillo. Tras aprobar el juicio político (impeachment) con los votos de dos tercios del Senado, ambas cámaras del Congreso deben votar a favor de expulsarle de la Presidencia y de nuevo una supermayoría en la Cámara Alta es necesaria para tomar este paso sin precedentes.
Otra votación adicional, esta vez por mayoría simple, sería necesaria para excluir a Trump de optar a cualquier cargo político, algo que piden los demócratas y que para los republicanos sería garantía de no tener que lidiar con Trump en un proceso de primarias de cara a las elecciones de 2024.
Sin pensión vitalicia
Trump perdería también su pensión vitalicia a la que tienen derechos los expresidentes y que en su caso superaría los 200 000 dólares anuales.
La prohibición de que reciba fondos estatales se haría extensible a la dotación a los expresidentes para viajes y para mantener una oficina y asistentes que apoyen su papel simbólico de asesor, que realizan los exmandatarios.
Esa bolsa de gastos reembolsables es de hasta un millón de dólares, con fondos adicionales para la exprimera dama Melania Trump.
Trump seguiría manteniendo la protección vitalicia del Servicio Secreto, otras de las prerrogativas de haber sido el jefe del estado.
De todas formas, Trump tendría la posibilidad de recurrir estos pasos sin precedentes del Legislativo y desafiarlos ante la Justicia y el Tribunal Supremo.
