Organismos internacionales alertan de la ley italiana que multa los rescates de ONGs

Organismos internacionales como la Comisión Europea (CE) y el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) han mostrado su preocupación ante la reciente aprobación en Italia del llamado "Decreto seguridad bis", impulsado por el ministro del Interior y líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, que entre otras cosas impone multas económicas a las ONG que entren, transiten o atraquen en aguas territoriales italianas y realicen rescates de migrantes.

"La Comisión analizará el decreto ley, tal y como ha sido adoptado por el Parlamento italiano, y verificaremos su compatibilidad con la legislación de la UE", ha declarado el portavoz de la Comisión Europea, Carlos Martín Ruiz De Gordejuela, durante la rueda de prensa diaria de la institución.

Por su parte, ACNUR ha expresado su "preocupación" por la nueva ley. ACNUR teme que estas restricciones limiten aún más las actividades de las ONG "en un momento en el que los estados europeos han retirado significativamente su apoyo a las operaciones de auxilio en el Mediterráneo central". "Las ONG desempeñan un papel crucial para salvar las vidas de los refugiados y migrantes que emprenden la peligrosa travesía para llegar a Europa", ha subrayado.

El organismo ha exhortado a los gobiernos a seguir trabajando para establecer "un mecanismo de desembarco temporal y predecible", de tal forma que no sea necesario entablar negociaciones 'ex profeso' cada vez que un barco de alguna ONG se aproxima a aguas territoriales europeas con decenas de migrantes y refugiados a bordo. ACNUR ha apelado a la "responsabilidad compartida" de los distintos países.

Multas de hasta un millón de euros

El Gobierno italiano logró aprobar el lunes un cuestionado decreto con multas a las ONG que salvan vidas en el mar. El Senado lo aprobó con 160 votos a favor, 57 en contra y 21 abstenciones.

La ley, redactado por el ministro del Interior, Matteo Salvini, fue aprobada en junio y contempla que los barcos privados que ignoren las órdenes para no entrar en aguas territoriales del país europeos tendrán que pagar entre 10.000 y 50.000 euros al llegar a puerto. Esas multas podrían alcanzar el millón de euros para los comandantes que incumplan esta disposición. Además, aquellos que violen en varias ocasiones esta medida podrían sufrir la incautación de la embarcación.

Asimismo, da al Ministerio del Interior el poder para emitir estas órdenes, que hasta ahora estaban en manos del Ministerio de Transporte e Infraestructuras.

Mientras, el barco de la ONG española Open Arms espera con 121 migrantes a bordo en el Mediterráneo desde hace cinco noches a que algún país de la Unión Europea le autorice atracar en un puerto seguro, pues Italia y Malta mantienen los suyos cerrados.

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