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La Justicia peruana anula el indulto a Alberto Fujimori y ordena su arresto

El tribunal concluye que el indulto otorgado a Fujimori carece de efectos jurídicos y, por lo tanto, ordena que el expresidente de Perú sea arrestado y encarcelado.

Imagen de archivo de Alberto Fujimori abandonando un hospital. Foto: EiTB
Imagen de archivo de Alberto Fujimori abandonando un hospital. Foto: EiTB
Imagen de archivo de Alberto Fujimori abandonando un hospital. Foto: EiTB

AGENCIAS | REDACCIÓN

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Euskaraz irakurri: Alberto Fujimoriri emandako indultua baliogabetu egin dute

Una sala de la Corte Suprema de Perú ha anulado el indulto humanitario que en diciembre pasado recibió el expresidente Alberto Fujimori y ha ordenado su captura para ser ingresado en una prisión.

El magistrado Hugo Núñez Julca, del juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, consideró fundada una petición civil para que no se aplique el indulto humanitario que Fujimori (1990-2000) recibió en diciembre pasado, ha señalado el Poder Judicial peruano en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Twitter.

El mismo juez  ha ordenado, según otro mensaje, la "ubicación y captura" de Fujimori para que "sea reingresado al establecimiento penitenciario" que determine la autoridad a cargo.

La decisión, emitida en una sentencia de 225 páginas, señala que "carece de efectos jurídicos" la resolución de indulto que otorgó el 24 de diciembre pasado el entonces gobernante Pedro Pablo Kuczynski a Fujimori por "razones humanitarias".

Al respecto, el abogado de Fujimori, Miguel Pérez, ha declarado que su patrocinado está "bastante consternado" con la orden judicial, aunque dijo que el fallo "es acatable" desde el punto de vista jurídico, "pero es cuestionable".

"(Está) muy preocupado, me ha dicho que si eso es legal. Eso teóricamente no era posible. Incluso había un informe de un expresidente del Tribunal Constitucional que nos daba la razón", ha asegurado.

Pérez ha anunciado que apelará esta sentencia porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) señaló este año que "la vía correcta" para definir el caso se debía tomar en el marco constitucional y "no penal".

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