Urquijo insta al Gobierno a impugnar el pago de la extra en Euskadi

El delegado del Gobierno en Euskadi, Carlos Urquijo, ha instado al Gobierno de Mariano Rajoy a impugnar la decisión del Ejecutivo de Patxi López de abonar la paga extra de Navidad a los funcionarios públicos. Así, le pide al Ministerio de Hacienda que recurra la decisión ante el Tribunal Constitucional.

Urquijo ha manifestado mediante una nota de prensa que la decisión del Gobierno en funciones que dirige el socialista Patxi López "vulnera la Legislación Básica del Estado". Además, ha informado de que ha remitido hoy un escrito al Secretario de Estado de Administraciones Públicas en ese sentido.

Urquijo recuerda que "pese a la claridad y rotundidad" del artículo 2 del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, el Gobierno Vasco ha decidido proceder al abono de la paga de Navidad a los empleados públicos.

El Gobierno Vasco defiende la legalidad de la decisión

Desde el Ejecutivo vasco, su portavoz en funciones, Idoia Mendia, argumentó el pasado martes que se trataba de una decisión "fundada en Derecho" y explicó que "la única posibilidad" que el Ejecutivo autonómico tenía para no aplicar el decreto que suprimía dicha extra era haber aprobado en el Parlamento Vasco una norma que modificara la Ley de Presupuestos vigente en Euskadi.

Beteta dice que la extra a los funcionarios es ilegal El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha asegurado que la decisión del Gobierno Vasco de pagar la paga extra de navidad a los funcionarios "es ilegal", por lo que "será recurrida ante el Tribunal Constitucional".

En declaraciones a los medios de comunicación, Beteta ha subrayado que el decreto del Gobierno es una norma "básica y afecta a todo el territorio nacional". ''Afecta a las 17 comunidades autónomas y a todos los ayuntamientos, así como la administración general del Estado" y "obliga a que este año no exista esa paga extra", ha añadido. "En consecuencia, la acción que lleva el Gobierno vasco de pagar esa paga es ilegal y será recurrida ante el Tribunal Constitucional", ha dicho.

Suspensión de entre 7 y 10 años

Además, Beteta ha dejado claro que el funcionario que tomara la decisión de hacerlo "será sujeto a juicio del Gobierno" y "se le exigirá una responsabilidad" teniendo en cuenta el artículo 404 del código penal, "que lleva aparejado una suspensión especial de cualquier cargo público por un periodo entre siete y diez años".