Crisis Económica -

Paga extra de Navidad

Los funcionarios vascos no devolverán la extra si el TC anula su cobro

El Gobierno Vasco señala que la Justicia "no suele perjudicar a terceros de buena fe, en este caso los trabajadores públicos".

La portavoz del Gobierno Vasco, Idoia Mendia. EITB
La portavoz del Gobierno Vasco, Idoia Mendia. EITB
La portavoz del Gobierno Vasco, Idoia Mendia. EITB

Redacción

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La Abogacía del Estado estudiará las vías disponibles para impugnar la decisión del Gobierno vasco de abonar la paga extra de Navidad a sus 67.000 funcionarios.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Euskadi han precisado que para impugnar este acuerdo el Abogado del Estado tiene que conocer con detalle el contenido del decreto, por lo que la impugnación no se formalizará hasta entonces.

La portavoz del Gobierno Vasco en funciones, Idoia Mendia, explicó ayer, entrevistada en el programa "Ganbara" de Radio Euskadi, que pase lo que pase en los tribunales, los funcionarios vascos no tendrían que devolver el dinero: "Es un escenario poco factible [...]. No se suele perjudicar a terceros de buena fe, en este caso los trabajadores públicos".

Finalmente, los 67.000 funcionarios del Gobierno Vasco y los 108 del Parlamento Vasco cobrarán la extra de Navidad.

En lo que se refiere a las diputaciones de la CAV. La de Bizkaia y la de Araba han anunciado ya que no abonarán la paga, mientras que la de Gipuzkoa estudia cómo pagarla, aunque, de momento, no han encontrado la fórmula legal.

Los ayuntamientos de las tres capitales tampoco la abonarán, aunque los de Bilbao y Donostia-San Sebastián adelantarán a enero la paga extra de verano de 2013. El Consistorio de Vitoria-Gasteiz, en manos del PP, cumplirá a rajatabla el decreto del Ejecutivo central.

En cuanto a Navarra, a pesar de ser de las primeras comunidades que planteó una alternativa a la supresión de la extra de diciembre -que pasa por respetar la decisión del Gobierno central pero adelantar las de 2013, 2014 y 2015 a enero y junio- de momento, no se ha tomado una decisión, porque la oposición no comparte la medida que defiende el Gobierno de UPN.

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