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Gobierno de España

Sánchez anuncia que las VPOs "mantendrán la titularidad pública para siempre"

El presidente español ha anunciado 12 medidas "contundentes" para hacer frente a la "emergencia habitacional". Entre otras, se transferirán dos millones de metros cuadrados para construir alquileres públicos y se creará un sistema de garantía pública para proteger a propietarios e inquilinos.

Una promoción de viviendas pública en Bilbao. Foto de archivo: EFE
Una promoción de viviendas pública en Bilbao.

Una promoción de viviendas pública en Bilbao. Foto de archivo: EFE

EITB Media

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Euskaraz irakurri: Diru publikoz eraikitako etxebizitzek "izaera publikoari eutsiko diote betiko", Sanchezek iragarri duenez

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes una serie de medidas "contundentes" para hacer frente a situación "crítica" en la que está sumido el Estado español en materia de vivienda. En total, se trata de 12 medidas, algunas requieren del aval del Congreso, englobadas en tres grandes áreas: construcción de más vivienda pública, mayor protección de lo público con más regulación al respecto y más ayudas para la compra, alquiler o rehabilitación de viviendas.

Además, ha anunciado que el Ejecutivo establecerá un mecanismo legal para que la nueva Empresa Pública Estatal de Vivienda tenga prioridad en la compra de viviendas y de suelos, y otro para garantizar que toda la vivienda construida por el Estado mantenga indefinidamente su titularidad pública.

Sánchez ha clausurado este mediodía el foro "Vivienda: quinto pilar del Estado del bienestar", acto en el que ha presentado las nuevas líneas de actuación del ejecutivo de coalición en esta materia. No obstante, está por ver en qué medida afectan estas medidas a la CAV o Navarra, ya que las comunidades autónomas tienen las competencias en materia de vivienda.

Según ha precisado, el Gobierno español ha transferido a la nueva empresa pública 3300 viviendas de la Sareb y dos millones de metros cuadrados de suelo residencial para construir vivienda pública. En la misma línea, durante el primer semestre del año se va se van a incorporar a esa empresa pública un total de 30 000 viviendas, 13 000 de ellas forma inmediata. Sánchez ha insistido en que España debe aumentar el parque de vivienda pública (actualmente del 2,5 % del total) que la sitúa a la cola de Europa —es del 14 % en el Estado francés o del 34 % en Países Bajos—.

Asimismo, habrá varias medidas destinadas a impulsar el alquiler social. Se creará un sistema de garantía pública para proteger a dueños e inquilinos para que los primeros alquilen "con garantías y sin riesgos". Según Sánchez, el sistema es similar al probado en Francia "con gran éxito". El objetivo es movilizar los cuatro millones de pisos vacíos, 400 000 en zonas tensionadas, para que vuelvan al mercado del alquiler. La medida entrará en funcionamiento este año y se empezará aplicando a los personas propietarias que alquilen a menores de 35 años.

Igualmente, se podrán en marcha un nuevo programa de rehabilitación de viviendas vacías destinadas al alquiler asequible. Se otorgarán ayudas a aquellas personas que reformen un piso para ponerlo en alquiler asequible durante al menos 5 años.Por otro lado, el Gobierno español plantea una exención del 100 % del impuesto de la renta sobre las personas físicas (IRPF) a quienes pongan en alquiler sus viviendas según el índice de referencia. 

"Sobran airbnbs, faltan viviendas"

Otra de las medidas anunciadas tendrá como objetivo intervenir en el mercado de los pisos turísticos, ya que según Sánchez, son parte del problema de la vivienda. "Sobran airbnbs y faltan viviendas", ha subrayado.

En este sentido, ha anunciado que llevará al Congreso una reforma fiscal para que las viviendas turísticas sean consideradas un negocio y pasen a tributar como una actividad económica, incluyendo la aplicación del IVA en aquellas zonas donde haya dificultades de acceso a la vivienda o saturación turística.

Además, el ejecutivo limitará la compra de vivienda por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes en el Estado español, "incrementando la carga fiscal que tendrán que pagar en caso de compra hasta el 100 % del valor del inmueble".

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