Economía -
Reforma fiscal
La reforma fiscal permitirá un ahorro de 223 millones de euros para los contribuyentes vascos
La propuesta, liderada por PNV y PSE-EE, busca aliviar la carga tributaria de contribuyentes y empresas en Euskadi. Sin embargo, su aprobación dependerá del apoyo de la oposición en Gipuzkoa y Álava, donde los gobiernos forales carecen de mayoría absoluta.
EITB MEDIA
Euskaraz irakurri: Erreforma fiskalak 223 milioi euro aurreztea ahalbidetuko die euskal zergadunei
Las haciendas de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava trabajan en una ambiciosa reforma fiscal que, de ser aprobada, supondrá una reducción en la recaudación de 223 millones de euros en 2026.
Este proyecto busca beneficiar tanto a los contribuyentes particulares como al tejido empresarial, a través de una serie de medidas que amplían deducciones y reducen cargas impositivas.
Según el desglose territorial, Bizkaia verá reducida su recaudación en 94 millones de euros, Gipuzkoa en 88 millones y Álava en cerca de 41 millones. Entre las principales medidas contempladas destacan el aumento del mínimo exento en el IRPF, que pasará de 14 000 a 19 000 euros anuales, y la prórroga de la deducción de 200 euros para rentas inferiores a 35 000 euros. Además, se incluyen incentivos específicos para mujeres emprendedoras y nuevas deducciones para fomentar la eficiencia energética y la movilidad sostenible, como bonificaciones por la compra de vehículos eléctricos o la instalación de puntos de recarga.
La propuesta también aborda la previsión social complementaria, ajustando los límites de aportación a las EPSV, con un enfoque especial en los autónomos, que podrán deducir hasta 4000 euros. Estas medidas, en línea con los objetivos de sostenibilidad y equidad, buscan incentivar la actividad económica y apoyar a las familias.
En Bizkaia, donde el PNV y el PSE-EE cuentan con mayoría suficiente, se espera una aprobación rápida de la reforma. Sin embargo, en Gipuzkoa y Álava, la situación es más compleja. En estos territorios, los gobiernos forales necesitarán el apoyo de al menos un partido de la oposición para sacar adelante el proyecto, lo que abre un periodo de negociaciones clave para asegurar su aprobación.
Las próximas semanas serán determinantes para el futuro de la política fiscal vasca. Si se logran los acuerdos necesarios, las medidas podrían entrar en vigor en 2025, con un impacto significativo en la economía y la vida de los ciudadanos a partir del ejercicio de 2026.