El Gobierno exigirá 100.000 euros como mínimo para comprar preferentes

El Gobierno impondrá el viernes duras restricciones a la venta de preferentes a particulares, a los que a partir de ahora se les exigirá su consentimiento de puño y letra y, en algunos casos, una inversión mínima de 100.000 euros.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha adelantado en una entrevista con la Agencia EFE los detalles del real decreto que aprobará el Gobierno el próximo viernes, y que tendrá un impacto en el funcionamiento de las entidades financieras en el futuro.

El real decreto no sólo establecerá nuevas normas para la venta de productos complejos de naturaleza híbrida, como las participaciones preferentes, sino que además regulará la Sociedad de Gestión de Activos (el llamado "banco malo") y redefinirá el marco de actuación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), al que dará una mayor capacidad de supervisión.

Inversión mínima de 100.000 euros

A partir del próximo viernes, toda entidad que coloque participaciones preferentes en las sucursales deberá destinar la mitad de la emisión a inversores institucionales, como fondos de inversión, a los que aplicará las mismas condiciones que a los particulares, para evitar discriminaciones.

Además, cuando la entidad emisora no cotice en Bolsa, se exigirá al comprador una inversión mínima de 100.000 euros. "Esto también será un elemento que limitará las posibilidades de comercialización", ha apuntado el ministro.

Los bancos también tendrán que crear un registro de productos complejos para que se sepa que "hay algunos productos que, por su naturaleza, no son los más adecuados para el ahorrador normal".

Escándalo de las preferentes

El Gobierno está decidido a que no se repita el escándalo de las preferentes, un producto muy complejo que la banca vendió en las sucursales como si fueran depósitos, a clientes particulares, muchas veces sin conocimientos, y en ocasiones sin su consentimiento.

Se calcula que más de un millón de clientes vieron atrapados sus ahorros en las preferentes, según las asociaciones de consumidores, que han llevado el caso ante la Justicia.