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ley de garantía de ingresos
El Parlamento Vasco aprueba la nueva Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos
Según el pacto alcanzado entre PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU en torno a la RGI, la cuantía pasará de los 727 euros actuales para un adulto a 803 euros mensuales. En cuanto a la edad media para recibir la RGI pasará de los 23 a los 18 años.
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El Parlamento Vasco ha aprobado este jueves la Ley que regulará el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión que ha sido apoyada por el PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU y que regula todas las prestaciones sociales de la Comunidad Autónoma Vasca. EH Bildu se ha abstenido en la votación.
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PP+Cs y Vox, como ya habían anunciado, han rechazado la reforma de la RGI que ha visto la luz tras varios intentos fallidos en anteriores legislaturas en las que llegó a la Cámara autonómica en forma de proposición de ley suscrita por los dos grupos que integran el Gobierno autonómico.
Según el pacto alcanzado entre PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU en torno a la RGI, la cuantía pasará de los 727 euros actuales para un adulto a 803 euros mensuales.
El modo de cálculo de esta prestación dejará de estar referenciado al Salario Mínimo Interprofesional, para estarlo a partir de 2024 al indicador de la tasa de riesgo de pobreza, es decir, al 60 % de la renta media correspondiente al conjunto del Estado. En 2023 tendría como referente el Ingreso Mínimo Vital.
En cuanto a la edad media para recibir la RGI pasará de los 23 a los 18 años y entre ambas edades se requerirá que el solicitante esté registrado en Lanbide al menos un año antes de pedir la ayuda y que lleve también un ejercicio en situación de emancipación o de "vida independiente".
Además, aunque con carácter general se mantiene la exigencia de tener tres años de padrón para cobrar esta ayuda, se flexibiliza este plazo para personas vulnerables.
Durante la defensa de la ley, la consejera de Trabajo y Empleo y vicelehendakari segunda, Idoia Mendia, ha recordado que el proceso para lograr su aprobación "ha sido largo" y que parte de "debates enconados" en anteriores legislaturas.
Desde el PNV, Jon Aiartza ha defendido que la ley es "muy participativa y muy necesaria", que responde a la necesidad de "reforzar" el sistema vasco de protección, que ha calificado de "fuerte, eficaz y coherente", tras las sucesivas crisis económicas sufridas. "Teníamos el listón muy alto, pero el Parlamento lo ha logrado", ha opinado.
En la misma línea, la socialista Gloria Sánchez ha considerado que la ley es un "gran avance" en políticas sociales fruto del consenso, por lo que ha considerado que en el pleno de hoy "se va a hacer historia". "Es una muy buena ley", ha afirmado.
Por parte de la oposición, la representante de EH Bildu Nerea Kortajarena ha considerado que "la ley no es suficiente para hacer frente" a las necesidades actuales y ha asegurado que con lo aprobado las instituciones vascas "protegen por debajo de sus posibilidades".
David Soto (Elkarrekin Podemos-IU) ha defendido el acuerdo logrado por su grupo "por oportunidad, responsabilidad y trabajo" y porque el texto "es un avance fundamental" y "aporta un mensaje de que estas herramientas de inclusión social no son un problema, no cronifican y el fraude es muy minoritario".
La representante de PP+Cs Laura Garrido, ha insistido en que la reforma "llega tarde" y en que consigna "un sistema desincentivador del empleo. "No es un paso adelante porque aleja el sistema de la empleabilidad", ha criticado.
Por su parte, Amaia Martínez (Vox) ha opinado que la norma "no pone freno al fraude" y "no contribuye a la erradicación de la pobreza".