La primera ronda de la negociación presupuestaria entre Gobierno Vasco y oposición concluye sin aproximaciones

La negociación los presupuestos de 2023 entre el Gobierno Vasco y los partidos de la oposición, salvo Vox, ha arrancado este miércoles con predisposición a escuchar y llamadas al diálogo de todas las partes, pero con posturas alejadas.

El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, que ya había advertido de que no habrá cambios estructurales en los presupuestos de 2023, se ha reunido en primer lugar con EH Bildu, principal grupo de la oposición y actual socio presupuestario del Gobierno.

Según ha explicado la portavoz de EH Bildu Maddalen Iriarte tras el encuentro, la coalición ha planteado cambiar el destino de 450 millones de los presupuestos vascos para 2023 con el fin de "para corregir situaciones de deterioro en los servicios públicos, en especial en Osakidetza, la carestía de la vivienda, la crisis energética, la grave situación del sector primario y la pérdida de arraigo de empresas estratégicas".

"EH Bildu ha entregado al consejero una propuesta "de sentido común" para iniciar "cambios estructurales", ya que no se puede dar respuesta a los retos actuales únicamente con medidas paliativas", ha subrayado tras insistir en que la reunión "llega tarde".

La coalición pone además otra condición para llegar a un acuerdo: que se abra el debate sobre la fiscalidad, algo que, según Iriarte, el consejero les ha reconocido que "está pendiente".

También Elkarrekin Podemos-IU ha defendido en su reunión con el consejero la necesidad de una reforma fiscal. La portavoz de la coalición morada, Miren Gorrotxategi, ha sostenido que han entregado un documento con una serie de cambios en las partidas y elemenos de compromiso político.

Elkarrekin Podemos-IU ha planteado al Gobierno Vasco recurrir al remanente generado este año por el récord de recaudación para elevar el gasto presupuestario en 511 millones y destinarlos a medidas contra la crisis energética, salud, vivienda, crisis energética y para cumplir el pacto educativo.

Gorrotxategi ha explicado a los periodistas que su coalición vincula un posible pacto presupuestario no solo a que se admitan cambios e incrementos en las partidas, sino también a que el Gobierno asuma determinados "compromisos políticos", entre ellos, reformar la fiscalidad. El consejero les ha respondido sin embargo que no les parece "asumible" incrementar la cuantía del presupuesto en 511 millones. Además, ha lamentado Gorrotxetegi, Azpiazu ha "achicado el espacio de la negociación" al decir que no está "dispuesto a asumir compromisos políticos" en el marco de la negociación presupuestaria.

Por su parte, PP+Cs ha condicionado el apoyo de su partido a los presupuestos vascos para 2023 a que haya una bajada de impuestos que "alivie a las familias" ante la subida de precios de la energía, los combustibles y las hipotecas. 

Tras la cita mantinada con Azpiazu, el portavoz del grupo popular Carlos Iturgaiz ha asegurado que su grupo no pone "líneas rojas" aunque sí ha dicho que "para llegar a un acuerdo con PP+Cs hay que ir en la dirección" de gobiernos regionales del PP como los de Galicia, Andalucía y Madrid, que están bajando los impuestos para "dar un alivio fiscal a los ciudadanos".

"La pelota está en el tejado del Gobierno", ha subrayado Iturgaiz, que ha emplazado al Ejecutivo vasco a elegir entre el modelo fiscal del PP y el que defiende "el bloque de izquierdas", ya que ambos están "en las antípodas".