La copropietaria de la inmobiliaria de Bravo desconocía sus ganancias

Pilar Gracenea, copropietaria de la inmobiliaria de José María Bravo y subalterna de éste en la oficina de Hacienda de Irun, ha asegurado que desconocía los cuantiosas ganancias que generaba este negocio, del que ella sólo obtenía una renta por el alquiler, correspondiente al 20% del local.

Esta funcionaria, que estuvo imputada durante gran parte de la fase de instrucción del presunto fraude de la Hacienda de Irun, ha declarado hoy, junto otros empleados de la oficina de la localidad fronteriza.

Durante su intervención, Gracenea ha recordado que ella disponía del título de Agente de la Propiedad Inmobiliaria (API) y que sólo participaba en los negocios de la inmobiliaria cuando era requerida para intervenir en algunas operaciones, aunque no era habitual.

Ha aclarado además que ella no recibía cantidad alguna de los beneficios de este negocio -que según declaró en su momento el procesado podían llegar a los 160.000 euros, gran parte en dinero negro-, porque pensaba que el negocio sólo "sobrevivía" pues se trataba de una inmobiliaria "de barrio" y "nunca" habían hecho cuentas.

Respecto a su trabajo en la oficina de Hacienda de Irun, la testigo ha admitido que era factible hacer fraccionamientos de pagos de deudas y que durante un tiempo se admitieron abonos en metálico, si bien a partir de 1999 o 2000 ya no se podía ingresar dinero en efectivo.

Ha reconocido que José María Bravo llevaba un alto nivel de vida ya que poseía dos coches y una casa "estupenda", si bien no le extrañó porque "se pasaba todo el día pegado al teléfono" y además tenía otro trabajo como asesor de ayuntamientos, llevaba "algún tema como abogado" y también colaboraba en la inmobiliaria.

Bravo ordenó a un empleado crear deudas

Por otro lado, un empleado de la oficina de Hacienda de Irun ha dicho que su jefe y principal acusado en este presunto fraude, José María Bravo, no le dijo que las deudas del decorador José Lamy que le ordenó tramitar fueran ficticias o parte de un "experimento", como mantuvo el procesado al inicio del juicio.

Así lo ha desvelado hoy este testigo, un funcionario foral con 30 años de carrera que trabajó en la oficina tributaria de Irun a las órdenes de Bravo entre los años 2000 y 2004.

Durante su comparecencia, este administrativo ha desvelado que en una ocasión el principal imputado le dio un "pantallazo" con los datos del decorador José Lamy, con unas anotaciones de "su puño y letra" y una serie de conceptos e importes y ejercicios para crear unas "derivaciones" de deuda en concepto de renta.

El compareciente ha recordado que él pensó que se trataba de un expediente que estaba llevando el propio Bravo y que las deudas eran reales por lo que la tarea que se le encomendó no le resultó extraña. "Me lo ordenó y yo lo hice", ha concretado.

En cualquier caso, ha aclarado que él desconocía "de dónde venía la deuda" y ha insistido en que "si hubiera sabido que no era real no lo habría hecho".