Economía -
EMPLEO PÚBLICO
ELA denuncia que los gobiernos vasco y navarro solo estabilizarán a un 25 % de temporales
El sindicato afirma que con su oferta de empleo ambos gobiernos apuestan por seguir utilizando de manera sistemática, abusiva y fraudulenta el empleo temporal para cubrir puestos estructurales.
EITB MEDIA
Euskaraz irakurri: EAEko eta Nafarroako gobernuek aldi baterako kontratuen % 25 bakarrik egonkortuko dituzte, ELAren arabera
El sindicato ELA ha denunciado este miércoles que los gobiernos vasco y navarro, con el previsto proceso de estabilización del empleo público, solo pretende estabilizar a uno de cada cuatro trabajadores y trabajadoras temporales.
Representantes del sindicato han recordado en rueda de prensa que, según lo establecido en la llamada Ley Iceta, las administraciones tienen que publicar y aprobar antes del 1 de junio las plazas a ofertar en los procesos de estabilización.
ELA ha criticato que con su oferta de empleo, tanto el Gobierno navarro como el vasco apuestan por seguir siendo la mayor ETT y seguir utilizando de manera sistemática, abusiva y fraudulenta el empleo temporal para cubrir puestos estructurales.
El sindicato señala que el Gobierno de Lakua deja fuera de los procesos a 33 356 trabajadoras y trabajadores del sector público en la CAV, es decir, el 72 %. En Navarra, por su parte, ELA ha destacado que el Gobierno condena a la temporalidad a 13 000 personas.
Considera que incumple, así, lo dispuesto en la Ley Iceta y el mandato del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que exigen acabar con el uso abusivo y fraudulento de la temporalidad y reducir la misma hasta al menos un 8% (con la actual oferta la temporalidad se mantendrá en un 30%).
En ese sentido, el sindicato ha recordado que "no va a aceptar esta situación" y que seguirá impulsando movilizaciones para acabar con la precariedad que acarrea la temporalidad, como en Osakidetza, Administración general, Cocinas y Limpieza de Educación pública, etc.
El sindicato ha adelantado, asimismo, que acudirá a la vía jurídica ante el incumplimiento que el Gobierno Vasco u otras instituciones hagan de la Ley Iceta.