El Gobierno impone el déficit 0 a las comunidades autónomas para 2020

El ministro de Economía y Competitividad español, Luis de Guindos, anunció hoy en Davos que el Gobierno impondrá un déficit estructural del 0 % a las comunidades autónomas para 2020.

En un encuentro con medios de comunicación españoles en el Foro Económico Mundial, de Guindos ha afirmado que "el compromiso de este gobierno con la estabilidad presupuestaria es absoluto".

La regulación en España será más estricta para las comunidades autónomas que la que impone la Unión Europea (UE) en disciplina presupuestaria.

El objetivo del Gobierno español a día de hoy es un déficit presupuestario del 4,4 % para 2012 y del 3 % para el 2013, según de Guindos.

Ley de Estabilidad Presupuestaria

El Gobierno ha aprobado el anteproyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las  Administraciones Públicas, que estrecha el control del gasto en todas los niveles de gobierno, especialmente en las comunidades autónomas.

Al término de la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado que esta ley es una "reforma estructural de primer orden", que convierte al país en "referente" en Europa en materia de gobernanza económica y en "pionero" en el control del gasto. "España está tomando la delantera y además en un plazo muy reducido", ha añadido.

Para la portavoz del Gobierno, la consolidación fiscal es "imprescindible" para volver a la senda del crecimiento y del empleo y para devolver la credibilidad y la confianza en el país.

Multas y sanciones

Se va a aprobar también que la administración pública que incumpla el plan económico-financiero para corregir las desviaciones de déficit en las que incurra deberá constituir un depósito, que podrá convertirse en multa en caso de que los incumplimientos se reiteren. El anteproyecto prevé también que las sanciones impuestas a España en materia de estabilidad sean asumidas por la Administración responsable. Se establece en paralelo un mecanismo de alerta temprana y de respuesta inmediata ante la desviación en los planes correctores.

Con esta normativa la deuda de las Administraciones no podrá superar el valor de referencia del 60 % del PIB establecido en la regulación europea, salvo en caso de circunstancias excepcionales, y la "prioridad absoluta" será atender los intereses y el capital de la deuda pública frente a cualquier otro gasto.

Apoyo a la liquidez

En paralelo, la ley también establece un mecanismo extraordinario de apoyo a la liquidez para aquellas comunidades autónomas y corporaciones locales que lo soliciten. Este mecanismo estará condicionado a un plan de ajuste sometido a rigurosas condiciones de seguimiento, remisión de información y medidas de ajuste extraordinarias.