El Congreso avala la 'Ley rider', pero permitirá introducir enmiendas

El Pleno del Congreso español ha convalidado este jueves el decreto ley que obliga a las empresas de reparto a contratar a sus trabajadores, la conocida como 'ley rider', y ha aprobado su tramitación como proyecto de ley, por lo que podrá introducir cambios a través de enmiendas.

A favor del decreto ley han votado el PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, el PNV, EH Bildu, Junts, el PDeCAT, la CUP, Más País-Equo, Compromís y Nueva Canarias. El PP, Vox, Cs, UPN y Foro Asturias han votado en contra, mientras que el BNG se ha abstenido.

Pese a que fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado mes, como cada decreto ley es necesario que el Congreso lo someta a examen para convalidarlo o, en caso de no obtener apoyos suficientes, derogarlo.

Durante su defensa del decreto ley, la vicepresidenta de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha recordado que la reforma planteada va en línea de la sentencia del pasado mes de septiembre del Tribunal Supremo, pero también otros tribunales internacionales, en cuyas sentencias, ha afirmado "late el mismo concepto: Que la aplicación del derecho del trabajo no es optativa".

"A nadie se le ocurriría poder escoger entre ser laboral o autónomo en una fábrica o en un comercio", ha aseverado, destacando que esto "supondría la desaparición de la norma laboral con todas sus consecuencias". Así, ha recalcado que una prestación de servicios "será siempre laboral si existe dependencia, cualquiera que sea la forma en que se manifieste", algo establecido por el Tribunal Supremo en su sentencia del pasado septiembre para unificar doctrina.

Vox directamente ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad, por no ver justificada la urgente necesidad necesaria para este tipo de iniciativas.

Al rechazo de Vox se han sumado los del PP, Ciudadanos y Foro Asturias, que han justificado su voto en contra por la utilización del decreto ley, pero también por la falta de consenso con el que nace la norma, pese a aprobarse tras un acuerdo con las patronales CEOE y Cepyme, y los sindicatos.

Por su parte, Oskar Matute (EH Bildu), ha recordado que la profesión cuyos derechos son regulados no es innovadora, y se ha preguntado "en qué cabeza cabe que una empresa de reparto tenga cero empleados". Asimismo, ha señalado que, hasta ahora, al no abonar cotizaciones las empresas han defraudado, y eso implica menos dinero para el sistema de Seguridad Social y sus pensiones.