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El Gobierno español ampliará el permiso de paternidad hasta las 16 semanas en 2021
Al principio será de 8 semanas, en 2020 de 12 semanas, y para 2021 se espera que llegue a 16 y alcance la media europea.
agencias | redacción
Euskaraz irakurri: Espainiako Gobernuak 16 astera luzatuko du aitatasun baimena 2021erako
El Consejo de Ministros español ha aprobado este viernes un decreto ley que amplía de forma progresiva el permiso de paternidad a 16 semanas hasta equipararlo así con el de maternidad, con el objetivo de favorecer la corresponsabilidad.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha dejado claro que "la maternidad no puede ser un arma en contra del desarrollo laboral y ciudadano de las mujeres, sino una opción libre de la mujer", por lo que "tenemos que hacernos corresponsables todos".
De esta forma, el permiso de paternidad pasará a ser de 8 semanas desde la entrada en vigor (al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado) y aumentará a 12 semanas a partir del 1 de enero de 2020 y a 16 semanas desde el primer día de 2021, alcanzando en tres años la media que tienen los países de la UE.
Preguntada por la disconformidad de la patronal con la equiparación de los permisos, Calvo se ha limitado a decir que la norma se ha tratado en el marco del diálogo social con patronal y sindicatos, y que ahora "lo importante" es que el decreto ley sea convalidado por los grupos parlamentarios.ç
Igualdad
El decreto ley contempla también la recuperación de las cotizaciones sociales para los cuidadores de personas dependientes, principalmente mujeres, que correrán a cargo del Estado aunque serán abonadas por la Seguridad Social, alcanzando junto a la ampliación del permiso de paternidad un coste de unos 610 millones.
Ha cifrado que la brecha de género en las pensiones que se da, entre otros, por este motivo, alcanza el 40 %, con una media de 370 euros menos de pensión en el caso de las mujeres respecto a los hombres.
Además, una vez entre el vigor el decreto, las empresas medianas y grandes (con más de 50 empleados) estarán obligadas a publicar tablas salariales, que estarán accesibles para todos los trabajadores vía sindical o personal, así como a inscribirlas en un registro público.
Las medianas y grandes empresas también estarán obligadas a elaborar planes de igualdad y a registrarlos públicamente, con el objetivo de que las mujeres "tengan una influencia importante y sean su propia voz" en el mundo laboral.
