Economía -
En un año
El Gobierno Vasco evaluará el impacto económico de la ley antitabaco
El Gobierno Vasco estudiará el impacto de la ley sobre la hostelería vasca, pero no compensará a los empresarios que adaptaron sus locales separando áreas de fumadores y no fumadores.
Redacción
El Gobierno Vasco evaluará el impacto económico de la ley antitabaco de Euskadi sobre el sector hostelero una vez transcurrido un año desde su entrada en vigor, con el objetivo de articular, en su caso, medidas para reducir las posibles repercusiones negativas sobre este tipo de negocios.
Esta es una de las novedades que se ha incorporado este martes al texto provisional de la ley por parte de la Comisión de Políticas Sociales, Trabajo e Igualdad de la Cámara Vasca, que, de esa forma, ha cumplido con el trámite previo a la aprobación definitiva.
Los cambios han suprimido las restricciones más polémicas que contenía el texto original, como la prohibición de fumar en coches en los que viajen menores de edad o de vender tabaco en las gasolineras, que no se contemplan en la normativa estatal vigente desde el 1 de enero.
La comisión ha incorporado tres enmiendas al informe; una de ellas es el mencionado estudio de impacto de la ley sobre el sector de la hostelería.
Sin compensaciones
Según ha explicado a los periodistas el presidente de la comisión, Mikel Unzalu, finalmente no se ha aceptado la propuesta para compensar económicamente a los empresarios que adaptaron sus locales a la normativa actualmente vigente, con el fin de separar las áreas de fumadores y no fumadores.
Otra de las novedades establece que el Gobierno vasco promueva el desarrollo de programas sanitarios para deshabituación tabáquica, en especial en atención primaria.
La última modificación al texto plantea que se permita la venta de puros de forma individual, de forma que no tengan que ser comercializados obligatoriamente en paquetes de varias unidades.
El documento no contempla una regulación específica sobre sociedades gastronómicas, de forma que en este campo no habrá diferencias respecto a la normativa estatal.
La aprobación definitiva de la ley, en torno a la que existe un "amplio consenso", según ha indicado Unzalu, está prevista para el mes de febrero.