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La jueza declara culpables de la quiebra de Hiriko a sus responsables

La jueza les ha inhabilitado para la administración de bienes ajenos y para representar a cualquier persona durante dos años. Además, deberán pagar 535.000 euros a los acreedores.

El juez y los letrados del caso Hiriko en la sala de juicios en Vitoria-Gasteiz. Foto: EiTB.
El juez y los letrados del caso Hiriko en la sala de juicios en Vitoria-Gasteiz.
El juez y los letrados del caso Hiriko en la sala de juicios en Vitoria-Gasteiz. Foto: EiTB.

eitb.eus

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Euskaraz irakurri: Epaileak erruduntzat jo ditu Hiriko auziren arduradunak

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Vitoria-Gasteiz ha considerado culpables de la quiebra de la Asociación que impulsó el fallido proyecto de coche eléctrico Hiriko, al exconcejal del PNV Iñigo Antía, y los empresarios Jesús Echave, Fernando Achaerandio y José Luis Bengochea.

 

En la sentencia, que se ha dado a conocer este miércoles, la jueza inhabilita a los responsables de la Asociación para el Fomento y Promoción de Actividades Industriales y Deportivas de Automoción (Afypaida), para la administración de bienes ajenos y para representar a cualquier persona durante dos años.

 

Además, se les condena a indemnizar con 535.000 euros a la "masa del concurso" de acreedores y pierden "cualquier derecho que pudieran tener como acreedores concursales".

 

No obstante, en el fallo, la magistrada desestimado la acusación contra una decena de sociedades que también participaron en el proyecto.

 

El juicio mercantil del 'caso Hiriko' se inició el pasado 4 de septiembre para investigar las posibles responsabilidades de los cuatro responsables de Afypaida por la pérdida de casi 19 millones de euros de ayudas públicas invertidos en un fallido proyecto de coche eléctrico, la mayor parte de ellas concedidas por el Estado durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.

 

La Abogacía del Estado reclamaba la devolución de los casi 19 millones de euros concedidos en ayudas, mientras que la Fiscalía cifraba el "daño al interés general" en 15,7 millones de euros, y solicitaba la devolución de esta suma, así como una inhabilitación de diez años para administrar bienes ajenos por parte de los acusados.

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