Anuncian cuatro semanas más de huelga en las residencias de Bizkaia

Trabajadoras de las residencias de mayores de Bizkaia, apoyadas por ELA, han anunciado hoy otras cuatro semanas de huelga a partir del 8 de marzo en demanda del convenio y han mostrado su intención de continuar con las movilizaciones hasta que sus demandas sean atendidas por las patronales del sector.

Tras el mes de febrero completo de huelga, las trabajadoras han decidido en asamblea la nueva convocatoria, cuya fecha de inicio han hecho coincidir con el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, convencidas de que si hasta ahora este conflicto laboral no se ha solucionado es porque sus protagonistas son mujeres.

En conferencia de prensa, y acompañadas por responsables del sindicato ELA, mayoritario en el sector, las trabajadoras, que suman cien días de huelga en el último año, han advertido de que "no van a parar" en sus movilizaciones hasta lograr sus demandas.

En concreto, reclaman una reducción de jornada hasta las 1.592 horas anuales, un salario mínimo para todas las trabajadoras del sector de 1.200 euros mensuales y una mejora de los ratios asistenciales personal/usuario.

Las trabajadoras han expresado su "hartazgo" ante "el inmovilismo" de la patronal y la postura de la Diputación Foral de Bizkaia, a la que han acusado de mostrar "una total connivencia" con los empresarios del sector.

Para el representante de ELA en el sector Gaizka Miguel "la llave" para la solución del conflicto la tiene, precisamente, la Diputación, que, como responsable del servicio, "tiene que exigir" a las empresas que "pongan" otras condiciones en sus centros.

Por su parte, la patronal GESCA, del sector de las residencias de ancianos de Bizkaia ha asegurado hoy que los centros residenciales vizcaínos "garantizan la asistencia integral" a los mayores.

En una nota, la organización patronal ha afirmado que las empresas integradas en GESCA "superan ampliamente" los ratios de personal establecidos en la normativa correspondiente.

Asimismo, la patronal ha pedido una revisión de los servicios mínimos establecidos para garantizar que durante la huelga "se salvaguarde la prestación de los servicios esenciales" a los mayores.