Economía -

Mesa de la Función Pública

ELA exige la retirada del nuevo borrador de Ley de Empleo Público

ELA cree que el Gobierno Vasco "sigue apostando por introducir la reforma laboral" en las administraciones de la CAV. Por su parte, UGT ha asegurado que ve "imposible" un acuerdo.

Redacción

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ELA ha exigido al Gobierno Vasco la retirada del nuevo borrador del anteproyecto de Ley de Empleo Público, porque "sigue apostando por introducir la reforma laboral" en las administraciones de la CAV. Además, ha criticado que el Ejecutivo haya incorporado "solo" doce enmiendas "sin calado" de las 200 aportadas por la central.

En un comunicado hecho público tras el encuentro de este martes, la central nacionalista ha manifestado su convicción de que el Gobierno "solo sabe imponer" y ha apuntado que solo ha aceptado 12 de las 200 enmiendas presentadas por el sindicato.

En su opinión, el Ejecutivo "ha renunciado" al desarrollo de "una ley vasca". ELA ha afirmado que, durante la reunión de mesa general celebrada esta mañana, el Gobierno ha explicado el nuevo borrador de anteproyecto de Ley de Empleo Público, que "ha sido remitido a los sindicatos cinco meses después de la última reunión”.

La central ha vuelto a denunciar "el contexto" en el que se ha presentado el borrador, "en el que se siguen agravando los recortes en nuestros servicios públicos que los ponen en grave riesgo, y además suponen la destrucción de miles de empleos públicos y un grave deterioro en las condiciones laborales".

UGT ve “imposible” un acuerdo

UGT ha asegurado que ve "imposible" un acuerdo con el Gobierno Vasco respecto al borrador de anteproyecto de Ley de Empleo Público, con el que "no hace ningún esfuerzo" por el consenso y resulta "más restrictivo" que las leyes aprobadas por el PP.

En un comunicado hecho público tras la reunión de la Mesa General de la Función Pública, la central que lidera Raúl Arza ha afirmado que el Gobierno Vasco "sigue sin proponer ninguna novedad, nada de nada en las reuniones" con los representantes sindicales.

En su opinión, el texto que defiende el Gobierno "supone un paso atrás en las leyes de función pública y cuyo contenido tiene aspectos peores que las leyes aprobadas por el Partido Popular".

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