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Administración pública

El Gobierno Vasco elimina 15 puestos directivos previstos en su plan

Josu Erkoreka ha señalado que trabajan para fusionar los tres parques tecnológicos, así como los doce polígonos industriales para dejar uno por territorio.

Josu Erkoreka
Josu Erkoreka
El Gobierno de Urkullu reducirá un 20 % la estructura administrativa

1:27

Redacción

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El Gobierno Vasco ha comenzado a ejecutar las acciones del plan para el Redimensionamiento y Racionalización de la Administración pública con la eliminación de 15 directivos de los 47 previstos, así como el inicio de los trámites para eliminar cinco sociedades públicas, fusionar los tres parques tecnológicos y los doce polígonos industriales, para dejar uno por cada territorio.

Los consejeros de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka, y el titular de Hacienda y Finanzas, Ricardo Gatzagaetxebarria, han comparecido durante más de dos horas y media ante la Comisión de Instituciones, Seguridad y Justicia del Parlamento vasco para presentar la 'Estrategia para el redimensionamiento y racionalización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi', que contempla una rebaja de 235 millones anuales en gasto corriente, la desaparición de 50 entidades públicas, y 47 cargos directivos menos.

Erkoreka ha informado de que el Gobierno Vasco ha puesto en marcha la Estrategia de Redimensionamiento y Racionalización de la Administración pública vasca, para lo que ha elaborado un Plan de Acción Inmediata (PAI) que ya está siendo ejecutado, que en el caso de las estructuras directivas, propone la reducción de un 20%, de forma que loS 239 puestos directivos actualmente existentes se verán reducidos a 192.

"Razonablemente dimensionada"

El titular de Hacienda y Finanzas, por su parte, ha asegurado que la Administración Pública vasca "no está sobredimensionada" sino que, al contrario, se encuentra "razonablemente dimensionada".

En este sentido, ha explicado que atendiendo a variables como el gasto en consumo público o el número de personas empleadas, se concluye que la Administración no presenta unos indicadores que puedan calificar su peso en la económica como "excesivo".

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