El Supremo debate si Bildu estará o no en las elecciones

El Tribunal Supremo decide desde las 10:00 horas el futuro de Bildu. Tras la inesperada prórroga de 24 horas concedida el viernes por la Sala 61, la coalición formada por EA, Alternatiba e independientes se enfrenta a su día decisivo. Bildu entregó en el Supremo anoche, poco antes de terminar el plazo, sus alegaciones.

Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han impugnado todas las candidaturas de Bildu: la primera ha recurrido 18 agrupaciones electorales y la segunda ha recurrido 16, por considerar que son el cauce y el instrumento utilizado por Batasuna para estar en las elecciones.

Las impugnaciones se han dividido en dos procedimientos. Por un lado están los recursos contra Bildu y por otro los de las agrupaciones electorales.

Los argumentos del Estado

Según las tesis de la Abogacía y de la Fiscalía, Bildu no sería más que un vehículo instrumentalizado por la izquierda abertzale ilegalizada para tratar de mantenerse en las instituciones democráticas.

Bildu sería, en este sentido, el "plan b" de Batasuna tras la resolución del Tribunal Supremo que prohibió la inscripción de Sortu en el Registro de Partidos Políticos.

Se da la circunstancia de que, al ser una coalición electoral, no tiene que pasar el trámite de inscribirse en el citado registro, por lo que, a diferencia de Sortu, por esa vía no hay manera de impedir su constitución.

Los argumentos de Bildu

Bildu asegura en su escrito que sus 3.743 candidatos para las elecciones de mayo han firmado un código ético mediante el que cada uno de ellos expresa su rechazo al terrorismo, incluido el de ETA, y su compromiso activo en defensa de los derechos humanos.

Bildu está formada además por partidos políticos legales (es el caso de EA), que han concurrido con anterioridad a las elecciones enfrentándose a las diferentes candidaturas de la izquierda abertzale, circunstancia que marca una diferencia entre unos y otros.

Los magistrados

Los ponentes de cada uno de los procedimientos, el de Bildu y el de las agrupaciones electorales, serán los magistrados Manuel Alarcón y Rafael Gimeno-Bayón, respectivamente, ambos de corte progresista.

Precisamente, Alarcón y Gimeno-Bayón fueron dos de los siete magistrados que el pasado 24 de marzo se opusieron a la decisión de prohibir la inscripción de Sortu en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior.

Además, el magistrado progresista Xavier O''Callaghan Muñoz volverá a formar parte de la Sala después de que, en la votación sobre Sortu, fuera sustituido por Jesús Corbal, que entonces se pronunció a favor del veto a la formación de la izquierda abertzale.

En el supuesto de que todos los magistrados repitieran su sufragio, y si O''Callaghan se posicionara del lado de Bildu, el resultado sería de empate a ocho.

¿Qué pasa si hay un empate?

Existe la posibilidad de que votación de los magistrados termine en empate. Si esto sucede, el sistema es diferente al del Tribunal Constitucional. En este caso no existe el voto de calidad del presidente del Tribunal, Carlos Dívar. En su lugar, se constituye la denominada Sala de la Discordia, que consiste en introducir en la Sala a uno, tres o cinco magistrados nuevos, con lo que su número ya sería impar.

La forma en que se lleve a cabo esa adición de jueces y las salas del TS de las que procedan quedarían al criterio de los miembros de la Sala del 61.

Nuevos recursos y plazos

Pase lo que pase, la decisión del Alto Tribunal podrá ser recurrida en amparo ante el Tribunal Constitucional, vía por la que apuesta Bildu si el Supremo opta finalmente por la ilegalización. El Constitucional tendría de plazo hasta el jueves 5 de mayo para dictar una resolución.

Agotada la vía del Constitucional, el siguiente paso sería recurrir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Pero la reciente reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) habilita una nueva herramienta: Fiscalía y Abogacía del Estado podrían impugnar las candidaturas de Bildu durante la campaña electoral.

Anteriormente, la decisión final del Tribunal Constitucional tenía que producirse antes del comienzo de la campaña electoral. Con la reforma de la ley, las listas electorales de todo partido político o coalición de cuya legalidad se sospeche pueden ser impugnadas hasta el 12 de mayo; es decir, en plena campaña electoral.

Si se produjera esta nueva impugnación, el Supremo tendría hasta el domingo 15 de mayo para resolverla. El Tribunal Constitucional, por su parte, debería tomar una decisión definitiva antes de la medianoche del viernes 20 de mayo, es decir, justo antes del comienzo de la jornada de reflexión y a dos días exactos de la celebración de las elecciones.