Un menor propina un puñetazo a Mariano Rajoy en Pontevedra

El presidente del Gobierno español y candidato del PP a la reelección, Mariano Rajoy, ha sido agredido por un joven de 17 años durante un paseo electoral en su ciudad de origen, Pontevedra.

La agresión se ha producido a las 17:50 horas, cuando Rajoy se encontraba con otros dirigentes del PP junto a la Capilla de la Peregrina, en una céntrica plaza pontevedresa.

El mandatario estaba rodeado de vecinos y vecinas, saludando a niños y haciéndose fotografías cuando ha recibido un brutal puñetazo en la sien por parte del joven, que ha sido inmediatamente detenido por los agentes de seguridad. "Estoy muy contento de haberlo hecho", ha manifestado el joven tras ser detenido.

Tras ser reducido por el equipo de seguridad del presidente, el agresor ha justificado su acción aludiendo a los recortes y la corrupción del PP, según testigos. El joven es vecino de Pontevedra y no tiene antecedentes, según ha confirmado el Ministerio del Interior.

Rajoy ha decidido mantener su agenda de campaña y varias horas después ha participado en un mitin en A Coruña. El propio jefe del Ejecutivo ha agradecido las muestras de apoyo en un mensaje en Twitter:

 

La agresión ha merecido la condena del reso de formaciones políticas. Así, el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ha condenado lo sucedido y Pablo Iglesias (Podemos), Albert Rivera (Ciudadanos), Alberto Garzón (IU) y el lehendakari, Iñigo Urkullu, han mandado sendos mensajes de apoyo al presidente del Ejecutivo español.

 

Posibles delitos a los que se enfrenta el agresor

El joven puede enfrentarse a medidas de internamiento en régimen cerrado en un centro de menores, en aplicación de la ley que regula la responsabilidad penal para mayores de 14 años, según apuntan juristas consultados por Europa Press que precisan, no obstante, que esta posibilidad es "improbable".

A la espera de que la Fiscalía califique los hechos, el agresor es previsible que sea acusado de la comisión de un delito contra la autoridad, castigado tras la reforma del Código Penal, que entró en vigor el pasado mes de julio, con penas de prisión de uno a seis años de cárcel y la imposición de una multa en el caso de aquellos que superen los 18 años. Otras fuentes apuntan a la posible comisión de un delito contra las altas instituciones del Estado.

Según explica la ley, las medidas de internamiento se reservan para aquellos casos que responden "a una mayor peligrosidad" que se manifiesta a través de la naturaleza "particularmente grave de los hechos cometidos". El objetivo prioritario de la medida, según explica la norma, es que el menor disponga de "un ambiente adecuado" que sirva para que "pueda reorientar aquellas deficiencias que hayan caracterizado su comportamiento antisocial".

El régimen cerrado es, en todo caso, la medida más dura que puede aplicarse y los expertos consultados advierten de que existen otras intermedias cuya aplicación será valorada por el fiscal y el juez de menores en quienes recaiga la causa. La norma define otros grados de internamiento, que pasan por el semiabierto y el abierto, la asistencia a un centro de día donde se realizan actividades educativas o la libertad vigilada.

También hay otras medidas más leves como la amonestación, en la que el juez manifiesta al menor las razones que convierten en algo socialmente intolerable su acto o la prestación de servicios en beneficio de la comunidad.