Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
El Comité de Empresa había demandado a la factoría por negarse a abonar los quinquenios al colectivo de titulados. La sentencia del TSJPV es recurrible en el Tribunal Supremo.
En aplicación de la 'Ley Mordaza', el Departamento de Seguridad impuso a 133 jóvenes multas de entre 1500 y 2500 euros, que suman un total de 290 500 euros, tras participar en unas protestas de Ernai el pasado año.
Ha tomado esta medida en relación con el testamento de una viuda de Bergara, madre de cinco hijos y fallecida en septiembre de 2016, que legó la legítima estricta a cuatro de ellos y nombró heredera a una única hija.
El Tribunal Superior de Justicia ha rechazado el recurso interpuesto por el procesado contra la sentencia de la Audiencia de Álava. El hombre ha sido condenado tras ejercer durante tres décadas agresiones sexuales, robo y violencia física sobre su sobrina.
La presidenta de la Sala de lo Social del TSJPV explica que el alto tribunal europeo ha matizado que la declaración de fijeza se realizará "siempre que no contravenga la interpretación del Derecho español". En su opinión, "es un jarro de agua fría" para las intenciones del personal indefinido.
La Audiencia de Bizkaia le obliga además a indemnizar con 600 000 euros a la mujer por las "gravísimas quemaduras" causadas.
El Tribunal Superior del País Vasco considera que no ha quedado probada la pertenencia a banda armada de esos cuatro, pero si ha confirmado la pena de 20 años de cárcel impuesta por la Audiencia de Bizkaia a los otros dos condenados por la brutal paliza que sufrió el joven en Amorebieta-Etxano.
Según ELA, el Tribunal señala que el puesto "debe ser convocado con transparencia" y atribuye al Ayuntamiento "un abuso de poder".
El Supremo no admitió a trámite el recurso presentado por la Diputación de Gipuzkoa, y por tanto, convirtió en firme la decisión de anular la OPE de 34 plazas en las que se exigía euskera.
GuraSOS explica que "la cuestión medular de dicha sentencia está en si obligará o no al TSJPV a entrar en el fondo del asunto y a pronunciarse sobre la ilegalidad de la autorización de la incineradora, por las consecuencias que de ello podrían derivarse en relación con su funcionamiento".
El tribunal también impone al acusado 5 años de libertad vigilada, el pago de una indemnización de 40 000 euros, y la prohibición de comunicarse y acercarse a la joven. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
El pleno del tribunal ha elevado esa petición al Ministerio de Justicia, a quien corresponde aprobar la creación de nuevos órganos. El TSJPV esgrime que tanto los juzgados de primera instancia de la CAV como los juzgados de lo Social de Bilbao llevan años con cargas de trabajo elevadas.
Según el fallo judicial, en el primero de los casos un varón abuso de una menor aprovechándose de "las carencias, problemas y vulnerabilidad psicológica" de ella. En el segundo caso un joven abusó sexualmente de una amiga ebria que se había quedado a dormir en su casa.
El juez condenó a esta persona a tres años y medio de cárcel por la muerte del menor fallecido tras recibir una paliza en Donostia en abril de 2019.
El suceso tuvo lugar en la madrugada del 23 de diciembre de 2022 cuando, tras la celebración de una comida de empresa por Navidad, el trabajador demandante agredió a un compañero propinándole varios puñetazos que le provocaron una herida que requirió de sutura y visita al oftalmólogo.
Una sentencia del TSJPV considera que el cálculo del Ejecutivo para sacar plazas en el proceso de consolidación por la ley Iceta es erróneo. Para el sindicato ELA, la sentencia demuestra la "nula voluntad" del Ejecutivo para acabar con la temporalidad. El Gobierno ha recurrido ante el Supremo.
La acusación particular recurrió argumentado que la sentencia contenía "un error de fechas" en relación a la supuesta comisión del delito. Cuando se denunciaron los hechos, la víctima tenía 16 años
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha estimado el recurso de una trabajadora y ha revocado una sentencia que entendió que la incapacidad temporal causada tras un accidente de tráfico al salir del trabajo para ir al médico derivaba de enfermedad común y no de accidente laboral.
El trabajador tenía una lesión en el hombro, y estaba en la lista de espera para ser operado. La empresa tiene 5 días de plazo para elegir entre volver a contratarlo o darle una indemnización de 95.430 euros.
Los sindicatos ELA y LAB han convocado una concentración para este viernes, 16 de febrero, en la plaza de Gipuzkoa de San Sebastián en defensa del euskera.
Denuncian que introduce un criterio "excluyente que criminaliza a los más empobrecidos" para las prestaciones en el acceso a la vivienda.
Inicialmente, la Audiencia de Bizkaia condenó al acusado de intentar matar a un hombre con el que contactó en una web de citas a siete años y medio, por tentativa de homicidio.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha explicado que dentro del régimen autonómico existe una previsión legal de "coordinación imperativa", pero que otra cosa es que concurran o no los supuestos para adoptar esa decisión.
Han presentado ya los escritos de preparación de los recursos de casación contra las sentencias dictadas en septiembre y octubre por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPV.
Sin embargo, la declaración ha contado con el voto particular de su presidente, Iñaki Subijana, que defiende que un pronunciamiento sobre un acuerdo entre dos formaciones políticas excede las funciones atribuidas a este órgano.
La manifestación convocada por Kontseilua ha contado con una amplía representación social y política. Idurre Eskisabel ha reclamado "un nuevo acuerdo sociopolítico" que no sólo sirva de "barrera ante la ofensiva" sino que de pasos para garantizar el futuro.
Kontseilua ha llamado a participar todas las personas que creen en "la diversidad, el respeto y la igualdad". La marcha comenzará a las 17:00 horas desde el Palacio Euskalduna.
En la mayoría de los casos, los fallos han llegado tras recursos interpuestos por particulares, sindicatos o empresas, y la argumentación jurídica ha llegado incluso a cuestionar todo el sistema de perfiles lingüísticos en vigor en la administración vasca.
La secretaria general, Idurre Eskisabel, denuncia que hay "euskarafobia" en el hilo argumental de las sentencias contra las medidas por la normalización del euskera.
La presidenta de la sala social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco considera que la justicia no está reinterpretando las normas, sino que "algunas de ellas se están interpretando por primera vez". Considera que el problema puede estar en el propio contenido de las normas.
Además, con esta iniciativa, la Cámara se suma a la manifestación convocada el próximo 4 de noviembre en Bilbao por Euskalgintzaren Kontseilua para "denunciar esta ofensiva".
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