Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional (TC) ha exonerado toda la malversación por la que fue condenado el expresidente andaluz José Antonio Griñán y parte de la prevaricación por la que se condenó a su predecesor Manuel Chaves.
Se trata de la segunda vez que el alto tribunal arranca los trámites para preguntar al TC por la amnistía. Pero a diferencia de la anterior ocasión, el Supremo argumenta ahora los motivos por lo que ve viable acudir al Constitucional con duras críticas a la ley que puede ser "arbitraria".
La proposición de ley orgánica, que ha superado la toma en consideración, insta a los nuevos miembros del CGPJ pactados por los dos grandes partidos a proponer un nuevo sistema de elección en el plazo de seis meses.
El presidente del PP ha reclamado a Sánchez que pida la dimisión de Juan Carlos Campo y Laura Díez, miembros del Constitucional que han ocupado cargos políticos en los últimos cinco años.
Junto a ello, la corte de garantías ha establecido los hospitales públicos como los centros para llevar a cabo dicho aborto.
El alto tribunal admite, no obstante, el recurso de amparo de varios diputados del PP, por lo que revisará la decisión de la Mesa de Edad del Parlament por la que se aceptó el voto delegado.
El Tribunal Constitucional anuló la decisión de la Mesa que permitió en la anterior legislatura un voto telemático. Ahora la Mesa de edad deberá decidir si obedece o no la decisión.
Aunque estima parcialmente el recurso de la Junta de Andalucía, la sentencia salva la mayor parte de la ley estatal y declara inconstitucionales algunos preceptos de la misma, del que sobresale la nulidad del artículo 16 que hace referencia a la vivienda protegida.
GuraSOS explica que "la cuestión medular de dicha sentencia está en si obligará o no al TSJPV a entrar en el fondo del asunto y a pronunciarse sobre la ilegalidad de la autorización de la incineradora, por las consecuencias que de ello podrían derivarse en relación con su funcionamiento".
El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. El TC, así, establece que en presupuestos solamente se pueden negociar los gastos y hace una correción técnica, que no tendrá efectos.
Ciudadanos había presentado un recurso de amparo para impedírselo, por tener el DNI "caducado".
El asunto ha llegado al tribunal de garantías después de que el Consejo de Ministros del pasado 26 de marzo acordara presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Iniciativa Legislativa Popular que la Mesa de la cámara catalana admitió a trámite el pasado 2 de febrero.
El Pleno deliberará si admite a trámite el recurso presentado por el Gobierno español contra la iniciativa, lo que supondría la suspensión cautelar. La Ley de Vivienda también estará sobre la mesa.
El informe ve inconstitucional la amnistía por vulnerar la separación de poderes y el principio de igualdad. La decisión se ha adoptado por nueve votos a favor (sector conservador), cinco en contra (sector progresista) y dos en blanco (el presidente Vicente Guilarte, y el vocal Enrique Lucas).
El profesor de Derecho Constitucional y exletrado del TC cree, sin embargo, que primero los jueces "suspenderán el procedimiento" de esta ley para posteriormente preguntar al Tribunal Constitucional o al Tribunal de Justicia de la UE sobre su constitucionalidad.
El recurso fue presentado sin el acuerdo de los tres consejeros socialistas del Gobierno Vasco. En concreto, el consejero de Vivienda socialista, Iñaki Arriola, señaló que la Ley de Vivienda estatal "no impone", sino que "facilita" a las autonomías tomar medidas en esa materia.
Así, desestima, por unanimidad, el recurso de inconstitucionalidad que planteó el PP contra la ley. El Pleno del Tribunal Constitucional ya avaló el pasado 31 de enero que Euskadi y Navarra son competentes para gestionar el ingreso mínimo vital al rechazar otro recurso de Vox en el mismo sentido.
El Gobierno Vasco acordó en julio presentar el recurso, pero quiso abrir un plazo para negociar. Propuso un acuerdo interpretativo al Estado, pero éste "ha rechazado toda posibilidad de acuerdo y ha abocado al Gobierno Vasco a interponer el recurso", según una nota del Gobierno Vasco.
El Tribunal Supremo ordenó repetir el juicio, después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos anulara sus condenas a entre 6 y 6 años y medio de cárcel, cuando ya habían sido cumplidas.
El borrador irá al pleno de la próxima semana y, según las fuentes consultadas, es posible que salga adelante con los votos de la mayoría progresista del tribunal.
El Alto Tribunal ha rechazado el recurso presentado por la Comunidad de Madrid contra el impuesto a las grandes fortunas, que el Gobierno regional presentó en febrero de este año por considerarlo "un atentado" contra la Comunidad de Madrid.
En concreto, el fallo anula varios artículos del Decreto 179/2019 sobre normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las instituciones locales de Euskadi. No obstante, la sentencia no es firme, puesto que el Gobierno Vasco tiene un plazo de 30 días para recurrir.
El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha mostrado la disposición política del Ejecutivo a recurrir la sentencia, que ha definido como un "claro ejemplo de judicialización de la política".
El líder 'popular', que esta tarde se reunirá con Sánchez dentro de la ronda de consultas de cara a la investidura, considera que de no actuar serían "cómplices de una injusticia".
La resolución aplica la doctrina recogida en la sentencia que rechazó el recurso de Vox el pasado marzo, pero acota la cuestión de la objeción de conciencia que no abordó el recurso instado por el partido de ultraderecha.
La Sala Segunda, reunida de urgencia desde las 9:00 horas, ha apoyado así la ponencia de la magistrada progresista Laura Díez, que proponía desestimar la impugnación socialista.
El Constitucional se reunirá mañana para decidir si permite revisar los votos nulos del 23 de julio en Madrid, después de que este lunes haya rechazado por unanimidad la petición del PP de apartar del asunto a la magistrada Laura Díez.
Entrevistado en Ganbara, el catedrático de Derecho Internacional Privado por la UPV/EHU señala que el Constitucional no podría desoír la interpretación constitucional del concepto de nación por parte de la soberanía popular a través de una convención.
ERC, Junts y la CUP han votado a favor de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. El PSC y los comuns han votado en contra, mientras que Vox, Cs y PP se han abstenido.
La sala ha acordado inadmitir a trámite el recurso de amparo ante "la manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo".
El Consejo de Garantías Estatutarias determinó que la norma vulnera "la competencia exclusiva de la Generalitat en materia de vivienda". Los republicanos y Junts votarán el 1 de septiembre por recurrirla, aunque cada partido lo hará con su propuesta (se impondrá la mayoritaria).
El portavoz del Ejecutivo, Bingen Zupiria, hace un llamamiento al "diálogo" al Gobierno español en funciones para solucionar el conflicto antes de la interposición del recurso. Los tres consejeros socialistas, entre ellos el consejero de Vivienda Iñaki Arriola, han manifestado su desacuerdo.
Los alcaldes de 71 municipios de Euskadi, entre los que se encontraban los de Bilbao y San Sebastián, se han concentrando contra de la sentencia que declaraba inconstitucional la normativa vasca que permitía el uso exclusivo del euskera en los ayuntamientos.
Kontseilua ha asegurado que "se está produciendo una compacta arremetida judicial en contra de las políticas lingüísticas a favor de la normalización del euskera".
La diputada general de Gipuzkoa se ha sumado a la denuncia que ha hecho el Gobierno Vasco por la "intensa judicialización que está sufriendo el euskera".
125 alcaldes y electos de la Mancomunidad de Municipios Euskaldunes han comparecido hoy, un día después de conocerse la sentencia del TC contra el euskera, para "decir que ya basta". Según denuncian, el tribunal ha hecho "una muy torpe lectura de los derechos lingüísticos".
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El abogado Iñigo Iruin decía en Radio Euskadi que "hay un derecho a reclamar por los daños causados".
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"Por lo tanto, esta es una razón más para que el Gobierno Vasco, en mi opinión, como consejero de Política Lingüística, recurra" la decisión del tribunal vasco, ha señalado.
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