Juicios
El juicio contra la mujer, acusada de un delito de asesinato en grado de tentativa, ha comenzado este martes. Los hechos ocurrieron diciembre de 2022 cuando introdujo benzodiapecinas y antidepresivos en unos yogures que obligó a ingerir a los menores. Después, les hizo sendos cortes en el cuello.
Además, se le impone una prohibición de cinco años para trabajar con menores, ya que en su ordenador los investigadores encontraron contenido pedófilo.
En febrero, un joven de 20 años acusó al sacerdote de 70 de abuso sexual. El sacerdote lo negó, pero cuando encontraron contenido pedófilo en su ordenador, la fiscalía dio credibilidad a la acusación. También lo acusan de pederastia.
El Comité de Empresa había demandado a la factoría por negarse a abonar los quinquenios al colectivo de titulados. La sentencia del TSJPV es recurrible en el Tribunal Supremo.
Sostiene que no se puede "partir de suposiciones y del potencial daño que se podría haber causado" con sus acciones "sino de certezas". La acusación popular, por su parte, se ha mostrado en contra de aplicar la amnistía.
El exconseller de Interior Miquel Buch y el escolta de Puigdemont Lluís Escolà han sido los primeros en beneficiarse de la Ley de Amnistía, tras los que se han sumado varias personas que fueron condenadas tras participar en protestas.
En el siniestro, ocurrido el 11 de febrero de 2017 en Usurbil (Gipuzkoa), fallecieron dos personas tras el choque frontal contra otro vehículo.
Ha tomado esta medida en relación con el testamento de una viuda de Bergara, madre de cinco hijos y fallecida en septiembre de 2016, que legó la legítima estricta a cuatro de ellos y nombró heredera a una única hija.
"Hay sectores judiciales, políticos y sindicales que pretenden imponer la hegemonía absoluta del castellano y que, como vemos últimamente, atentan constantemente contra el euskera", denuncia el comité de empresa del Ayuntamiento de Galdakao.
Los Fiscales se han pronunciado con 19 votos a favor, 17 en contra y una abstención. Consideran que tras la entrada en vigor de la ley, "procede declarar amnistiadas la totalidad de las conductas objeto de los diversos procedimientos".
El Tribunal Superior de Justicia ha rechazado el recurso interpuesto por el procesado contra la sentencia de la Audiencia de Álava. El hombre ha sido condenado tras ejercer durante tres décadas agresiones sexuales, robo y violencia física sobre su sobrina.
La Audiencia de Bizkaia ha acogido la primera sesión del juicio con cuatro encausados por esta trifulca, que se produjo en septiembre de 2020.
La Fiscalía pide para esta persona 31 años de cárcel. La trifulca estaba relacionada con el intento de robo en una plantación de marihuana, y en ese procedimiento hay otros tres encausados.
El atentado fue ejecutado por ETA el 25 de junio de 1998 mediante la explosión de una moto-bomba. En su sentencia, la Audiencia Nacional establece una indemnización de medio millón de euros para la viuda e hijos de Zamarreño.
La Audiencia de Bizkaia le obliga además a indemnizar con 600 000 euros a la mujer por las "gravísimas quemaduras" causadas.
El jurado considera no probados los hechos que se le imputaban, por lo que ha quedado en libertad tras la lectura del veredicto. La Fiscalía solicitaba para ella 22 años de prisión por asesinato, si bien la familia de la fallecida no ha presentado cargos.
La juez deberá ahora dictar sentencia, pero por ahora no ha fijado cuándo lo hará. Los expertos no prevén que sea condenado a 25 años de prisión, en la medida en que no tiene antecedentes.
Antes del juicio, celebrado este martes, las tres partes han llegado a un acuerdo. Los hechos ocurrieron en 2019, cuando un disparo de pistola atravesó la ventana de un caserío cuya fachada colgaba un cartel para reclamar el acercamiento de presos de la desaparecida ETA.
La Fiscalía pide para él siete años y medio de prisión por un delito de depósito de armas de guerra. Los hechos ocurrieron el día de Reyes del año 2019.
Once alumnos de Urretxu y Zumarraga, nueve varones y dos chicas, de edades comprendidas entre los 14 y los 16 años están siendo juzgados a puerta cerrada por este presunto caso de 'bullying' en el Juzgado de Menores de Donostia-San Sebastián.
La Fiscalía acusa al centro escolar por su "desidia" para frenar la situación, y dirige asimismo su acusación contra los padres como responsables civiles y contra el Gobierno Vasco como responsable del centro.
La defensa ha incidido en la inocencia de su cliente, aunque ha solicitado que si el jurado finalmente no lo cree así, se le condene por homicidio imprudente y no por asesinato. La Fiscalía mantiene su petición de 22 años de cárcel. El lunes se entregará el objeto del veredicto al jurado popular.
La Fiscalía acusa también al centro escolar por su "desidia" para frenar la situación. Así, dirige asimismo su acusación contra los padres como responsables civiles y contra el Gobierno Vasco como responsable del centro.
Estos profesionales consideran "un factor muy importante" que la acusada limpiara el lugar de los hechos y la cara de la víctima, lo que explicaría que no se encontrara ADN en el rostro de la fallecida.
En el caso de Ana Duato, que también devolvió parte de la cantidad defraudada y que no ha mostrado su intención de llegar a un acuerdo, el fiscal pide 32 años de cárcel.
El abogado Aiert Larrarte considera "absurdo" que se mantenga abierta esta causa ya que, según subraya, los recibimientos públicos a los reclusos son una "cuestión del pasado".
Los agentes que ha declarado en el segundo día de juicio han señalado que la actitud de la acusada era "demasiado tranquila", y que así estaba también la hija de la fallecida.
La acusada ha dicho que no ganaba nada con la muerte de la mujer. La Fiscalía solicita una pena de 22 años de prisión. Los hechos tuvieron lugar el 21 de noviembre de 2020. La familia de la fallecida de 91 años no se ha personado como acusación particular en la causa.
El expresidente estadounidense se ha jactado de que el veredicto de culpabilidad dictado contra él ha dado alas a su candidatura, por la cifra récord de donaciones procedentes de seguidores que han aportado cantidades de entre 21 y 50 dólares, dijo.
El expresidente de Estados Unidos ha anunciado que su equipo legal va a apelar el veredicto, basándose en numerosos argumentos. Entre ellos, ha citado que "no nos permitieron traer a testigos, no nos permitieron hablar, no nos permitieron hacer nada. El juez fue un tirano", ha concluido.
Los doce miembros del jurado han declarado culpable al expresidente estadounidense de los 34 cargos a los que se enfrentaba por falsificación de registros comerciales. Se convierte así en el primer expresidente de Estados Unidos en ser condenado penalmente.
La Fiscalía solicita una pena de 22 años de prisión. Los hechos tuvieron lugar el 21 de noviembre de 2020. La familia de la fallecida de 91 años no se ha personado como acusación particular en la causa.
Fue juzgado en abril acusado de alquilar un piso a ETA en 2005, en la localidad francesa de Vichi, además de ser miembro de ETA, lo cual ha negado siempre. Ha sido dispensado de pena, debido al tiempo pasado desde los hechos (19 años) y que está insertado socialmente. Urrutikoetxea no recurrirá.
El Tribunal Superior del País Vasco considera que no ha quedado probada la pertenencia a banda armada de esos cuatro, pero si ha confirmado la pena de 20 años de cárcel impuesta por la Audiencia de Bizkaia a los otros dos condenados por la brutal paliza que sufrió el joven en Amorebieta-Etxano.
Fiscalía considera que se da una "concurrencia de culpas" al existir un comportamiento "imprudente" del agente, que se saltó un semáforo en rojo, pero también de la víctima, que "conducía al doble de la velocidad permitida y no tenía permiso para una moto de gran cilindrada".
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