Congreso Diputados
El juez del Tribunal Supremo que instruye el 'caso Koldo' aprecia en la actuación del exministro de Transportes indicios "bastantes" de delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.
Según el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, los flujos migratorios se han convertido en algo "estructural", que exige una reordenación de las normativas y nuevos protocolos. Sánchez, por su parte, ha defendido su "consistente" política migratoria desplegada en los últimos seis años.
El secretario general de Sumar Mugimendua y diputado en el Congreso ha dicho que defienden la descentralización en un Estado federal o confederal, pero con "soporte jurídico". Por ello, ha celebrado la transferencia de competencias.
El ministro de Economía, en respuesta a una pregunta de EH Bildu sobre la decisión de la sociedad COFIDES de "provocar" el cierre de la empresa, ha llamado a conseguir "plan viable a largo plazo y realista".
La iniciativa prosperó porque contó, además, con el apoyo de Vox, ERC y PNV. Por el contrario, PSOE y Sumar se oponen a esta propuesta que dejaría en 0 el tributo sobre el valor de la producción de energía eléctrica, por lo que han retrasado su tramitación en la Comisión de Transición Ecológica.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, le ha acusado de hacer "cero autocrítica" sobre la gestión de la DANA y dedicarse a "culpar a los demás". El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado "abandonar durante días y días" a las víctimas de la DANA por "cálculo político".
Al final, la ley ha contado con el apoyo de PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG y Coalición Canaria; mientras que PP, el partido de ultraderecha Vox y UPN han votado en contra.
El acuerdo prevé impulsar una proposición de ley que contenga un impuesto a las empresas energéticas, para lo que se constituirá una comisión negociadora con participación de todos los partidos en los próximos días.
Después de más de tres meses de tramitación en las Cortes, este proyecto de ley vivirá este jueves su último paso y se aprobará de manera definitiva y se mandará al BOE, levantando así el veto que le impusieron PP y el partido de ultraderecha Vox en el Senado.
La vicepresidenta tercera del Gobierno ha comparecido en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de la gestión de su Ministerio en este episodio.
La vicepresidenta deberá acudir por la tarde al Senado también para rendir cuentas por su gestión. A su vez, estas comparecencias pueden desbloquear este mismo miércoles la negociación para la designación de la nueva Comisión Europea.
En una caótica y larga sesión (la última votación fue a las 01:00 horas), el ejecutivo ha logrado aprobar el impuesto europeo a las multinacionales y ha acordado prolongar un año el gravamen a las energéticas. El pleno deberá votar este último el jueves y es duda qué harán los de Puigdemont.
El debate en la comisión se ha desarrollado en un ambiente de fuerte tensión y desconcierto, con recesos, largas discusiones técnicas y muestras de confusión por parte de todos los grupos parlamentarios sobre lo que se estaba votando.
Al aplicarse unas dilaciones indebidas muy cualificadas, las solicitudes de pena de cárcel quedan reducidas a una multa. El resto niega las acusaciones y pide su libre absolución.
El portavoz de los jeltzales en el Congreso ve "muy difícil" la votación de este lunes, y cree que las negociaciones continuarán hasta último momento. Considera que los grupos de izquierda (tanto Podemos como EH Bildu y ERC) están en sacar "lo suyo" y llama a pactar "un mínimo".
Si no lo logra, únicamente podrá aprobar el impuesto europeo, para lo que tiene una oferta de apoyo por parte del PP.
En su comparecencia en el Congreso, ha anunciado la creación de un Alto Comisionado para "para atender las demandas de la ciudadanía afectada".
La iniciativa ha recibido 305 votos a favor, 32 en contra (Vox) y una abstención. La proposición de ley del Parlamento de Cataluña plantea la reforma del Código Penal para que no prescriban los delitos de pederastia penados con más de cinco años de cárcel.
Sumar ha informado que el nombramiento ha sido aprobado por unanimidad entre todas las fuerzas que componen el grupo parlamentario.
PP, Vox y UPN se han opuesto a tramitar la reforma de la ley de seguridad ciudadana, pactada entre el Gobierno de España y EH Bildu y que ha contado con el apoyo del resto de grupos.
Adolfo Carretero tiene previsto llamar a la víctima en los próximos días para que ratifique sus acusaciones, y posteriormente, llamará a declarar a Errejón.
Diversas fuentes de la coalición que forma el socio minoritario del Gobierno español admiten que la situación que atraviesan es extremadamente difícil y que el proyecto, que encaraba durante estos meses una fase de rearme por los malos resultados del ciclo electoral de este año, queda tocado.
Asimismo, el presidente del Gobierno español ha mostrado su condena "a quienes atentan contra este proyecto de igualdad" y ha mandado su apoyo a las mujeres que sufren acoso y abusos.
En una comparecencia en el Congreso, la ministra de Vivienda ha solicitado a las comunidades autónomas sumarse a la medida, aunque ha indicado que la Ley de Vivienda da "otros instrumentos" al ejecutivo que permite hacer viable esta propuesta.
Sumar se abstuvo este martes en una propuesta del PP sobre el envío de armas al extranjero. María Jesús Montero ha deslizado implícitamente la competencia entre Sumar y Podemos como causa de fondo.
Ismael Moreno considera que hay "indicios fundados y serios" de que el dirigente socialista tuvo un "papel principal" en el conocido como 'caso Koldo'.
Sumar ha avisado al PSOE de que la legislatura puede depender de la "encrucijada" de la política de vivienda y ha pedido a Rodríguez que presente ante el pleno "propuestas" y no "excusas".
Esta ley fue inicialmente aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados y perdió el apoyo de PP y Vox en el Senado, por lo que fue rechazada por el Pleno de la Cámara Alta el pasado lunes.
El portavoz del PNV en el Congreso ha señalado que seguirán apoyando al Gobierno de Pedro Sánchez aunque no apruebe los Presupuestos para intentar "implementar el acuerdo de investidura".
Lo hace al considerar que el exministro de Transportes pudo incurrir en delitos de cohecho, tráfico de influencias y organización criminal. El escrito del Ministerio Público se fundamenta en el último informe remitido por la UCO.
En todo caso, el presidente del Gobierno español ha señalado que el PSOE actuó "desde el inicio", a diferencia de lo que asegura que hacen partidos como el PP.
Los socios de Gobierno español, PSOE y Sumar, han hecho valer su mayoría en el órgano de la Cámara Baja y, teniendo en cuenta el informe de los servicios jurídicos, han decidido que el texto no vuelva a votarse en el Congreso, como pretendía el PP.
La presidenta del partido catalán afirma que van a "hacer valer" sus siete votos en el Congreso para que el Gobierno de Sánchez cumpla lo firmado, aunque "sin descartar ningún otro escenario".
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